La jornada de protestas que arrancó el domingo pasado con el inicio de la marcha convocada por organizaciones sociales y políticas indígenas desde Zamora Chinchipe hacia Quito, constituye un nuevo esfuerzo para disputarle a la revolución ciudadana su pretendido dominio sobre el campo popular. El gran desafío de la nueva jornada será mostrar, por una parte, que las organizaciones sociales recuperan su capacidad de movilización y respuesta al Gobierno, como ya ha venido ocurriendo a lo largo de este año; y, por otra, convertirse en el epicentro de una multitudinaria concentración interclasista y popular en Quito, que muestre sin atenuantes el cambio en la escena política.

Las marchas han sido un mecanismo de lucha y protesta utilizado por las organizaciones y pueblos indígenas para llamar la atención al resto del país y al Gobierno central sobre su propia existencia –algo así como desplazarse desde los márgenes hacia el centro– y poner sobre la mesa temas de discusión en torno al Estado. En largos recorridos, los marchantes tejen solidaridades rurales y urbanas, activan redes sociales de apoyo en los territorios, mientras la llegada a cada una de las ciudades genera espacios para actos colectivos de protesta.

En esta ocasión, sin embargo, la llegada de la marcha a Quito, prevista para el 13 de agosto, coincidirá con la realización de un paro nacional de actividades convocado por las centrales sindicales nucleadas en el Frente Unitario de los Trabajadores. Se trata, por lo tanto, de la convergencia de dos grandes conglomerados sociales –los indígenas y los sindicatos obreros– en una doble jornada de lucha que busca evidenciar los límites del liderazgo político de Rafael Correa y de Alianza PAIS. No es la primera acción de protesta de estos grupos en contra del Gobierno: lo han hecho en tres ocasiones anteriores, dos de ellas masivas, que contaron con la participación de maestros, médicos, ambientalistas, colectivos de izquierda y ciudadanos, todos ellos con la misma sensación de agravio y maltrato.

La doble jornada de lucha busca empatar con el malestar de sectores medios, empresariales y ciudadanos no solo frente a decisiones puntuales del Gobierno que afectan sus intereses –la ley de herencia y la ley de plusvalía ilegítima–, sino en contra del autoritarismo, la arrogancia, el estilo confrontacional, los devaneos ideológicos de Alianza PAIS, el irresponsable manejo del gasto y la incertidumbre creada frente a la crisis económica. En este espacio, la convergencia interclasista y popular en defensa de los derechos y libertades políticas, de una esfera pública de respeto y tolerancia, y de una sociedad civil activa, resulta muy amplia.

Quito siempre ha puesto a temblar a la revolución ciudadana. Motivos para la marcha y el paro nacional sobran. El esfuerzo de todas las oposiciones debiera encaminarse más que a un paro nacional indefinido que diluiría peligrosamente la protesta, a provocar el 13 de agosto un encuentro multitudinario de crítica y rechazo al Gobierno; a obligarle, desde las calles, a poner un límite a su arrogancia y arbitrariedad, a dejar de lado sus pretensiones caudillistas de perpetuarse en el poder y a restablecer los equilibrios democráticos. Tendrá que ser una demostración contundente en el único lenguaje que entiende y asusta a la revolución ciudadana, el de la presión social en las calles. (O)