EE.UU.

Oficiales de seguridad nacional de Estados Unidos concluyeron hace más de cinco años que Tariq Ba Odah, prisionero en Bahía de Guantánamo, Cuba, debería ser liberado porque no representa un riesgo de importancia. Ba Odah, ciudadano yemení que ha estado en huelga de hambre desde febrero de 2007 y es sometido a alimentación forzosa, está demacrado. Temiendo que pudiera morir de inanición en el futuro cercano, sus abogados entablaron una petición hace poco para desafiar su detención.

Insensatamente, el Departamento de Justicia ha dicho que lo combatirá, ha expresado el abogado de Ba Odah.

El plan de la administración Obama de cerrar la prisión en Bahía de Guantánamo ha estado maniatado por legisladores republicanos y por el presente secretario y exsecretarios de Defensa, quienes han sido lentos para autorizar con su firma liberaciones individuales, como lo requiere la ley.

Mientras subalternos de Obama luchan con estos atolladeros políticos y burocráticos, caso como el de Ba Odah y algunos otros reos le presentan opciones al presidente. Él pudiera darle instrucciones al Departamento de Justicia para que no obstruya el camino a presos de bajo riesgo que están buscando activamente su liberación mediante peticiones de hábeas corpus. Los jueces pudieran aprobar la liberación sin tener que fallar sobre los méritos de cada caso o sobre la autoridad del gobierno para detenciones.

Eso pudiera expeditar la liberación de varios de los 52 hombres que han sido autorizados para liberación. Esto acercaría al país un paso más a corregir una farsa legal que empezó hace más de 13 años, cuando llegaron los primeros prisioneros a la prisión que George W. Bush creó para el propósito particular de evadir ataduras constitucionales de Estados Unidos y limitantes morales. De los 116 prisioneros restantes en Guantánamo, aproximadamente 10 tienen peticiones activas de hábeas corpus.

Ba Odah, quien nunca fue acusado formalmente de un crimen, empezó a negarse a comer hace más de ocho años. Desde esos días, personal militar lo ha alimentado por la fuerza, insertándole una fórmula líquida por las fosas nasales. Expertos médicos que han estudiado su caso dicen que Ba Odah, cuyo peso bajó a 33,5 kilogramos previamente en el año, respecto de 70 kg en 2007, “está severamente desnutrido y en peligro de daño catastrófico, tanto física como neurológicamente, e incluso la muerte”.

Si llegara a morir estando bajo custodia, Ba Odah se convertiría en el primer reo en Bahía de Guantánamo que muere por desnutrición. Eso sería un vergonzoso resultado que Obama puede impedir con facilidad.

Sería prudente hacer uso de peticiones hábeas para liberar a un puñado de presos en el futuro cercano. Sin embargo, una reducción considerable de la población en Guantánamo requerirá que el secretario de la Defensa estadounidense, Ash Carter, empiece a autorizar transferencias. Su predecesor, Chuck Hagel, fue obligado a renunciar en buena medida debido a que funcionarios de la Casa Blanca sintieron que estaba siendo demasiado lento para autorizar la liberación de detenidos. Sin embargo, Carter, quien ha estado en el puesto desde febrero, aún tiene que autorizar nuevas transferencias propuestas. Bajo la ley actual, se le exige que afirme ante el Congreso que Estados Unidos ha emprendido medidas apropiadas para mitigar los riesgos que representa la liberación de cualquier reo de Guantánamo.

Existe una necesidad práctica para que Carter deje de demorarse: varios miembros del Congreso están intentando imponer restricciones incluso más estrictas sobre la liberación de presos que las existentes actualmente. Los legisladores están en proceso de reconciliar las versiones anuales de la cámara baja y el Senado de la Ley de Autorización de la Defensa Nacional. La versión del Senado conserva las restricciones actuales, que prohíben la transferencia de prisioneros a suelo estadounidense. La iniciativa de la cámara baja incluye cláusulas que volverían prácticamente imposible liberar a nuevos reos a cualquier destino.

La indefensible extralimitación de los legisladores con respecto a la política para detenidos fue descrita aptamente por el magistrado John Paul de la Suprema Corte, ya retirado, durante un discurso que pronunció en mayo. “Estas onerosas cláusulas han obstaculizado la capacidad del presidente para cerrar Guantánamo, no tienen sentido alguno y tampoco precedente alguno en nuestra historia”, dijo Stevens. “Las acciones del Congreso son incluso más irracionales que la detención de estadounidenses japoneses durante la II Guerra Mundial”. (O)