Es patente la preocupación de los agentes económicos por el programa de “dinero electrónico” del Banco Central del Ecuador debido a que consideran de alto riesgo la capacidad política del Gobierno para modificar la ley de tal forma que le sea posible emitir dinero sin respaldo que pudiera abrir el camino a la desdolarización. Sin embargo, es notoria la falta de aceptación del dinero electrónico por parte de la mayoría de la población, lo cual es una condición básica para su funcionamiento. Esa “herramienta electrónica” destinada a reemplazar el uso de monedas, billetes y cheques no representa un servicio que satisfaga necesidades inminentes de la gente y no es vital como lo son los minutos de telefonía celular sin los cuales vivimos desconectados de los demás y por ello acudimos a los centros de expendio cuando requerimos una nueva carga. En la actualidad coexisten instrumentos que permiten usar electrónicamente el dinero físico en formas de pagos y transferencias bancarias por internet, tarjetas de débito emitidas por los bancos para pagar desde pequeños valores en tiendas, droguerías, almacenes, etc., y los teléfonos inteligentes programados para el efecto. En nuestro país, a pesar de que las empresas acreditan los sueldos a sus trabajadores en cuentas personales abiertas a su favor, el uso de las “tarjetas de débito”, que tiene cierta semejanza con el llamado “dinero electrónico” del Gobierno, no se ha masificado porque quienes menos tienen prefieren mantener el control de sus finanzas familiares con el uso de dinero en efectivo, por ello, una campaña para “bancarizar” los estratos de menor poder adquisitivo no será exitosa hasta que el crecimiento económico permita mayores ingresos para ese sector de la población. Es comprensible la preocupación de los agentes económicos motivada por la disminución de liquidez en la economía debido al menor flujo de ingresos del petróleo, pero es claro que crear dinero electrónico sin respaldo no es la solución; al revés, sería la ruta a seguir hacia una gran crisis, además de no ser una buena decisión política: suicida el gobierno que tome esa decisión que le acarrearía la desaprobación de toda la población.

Lo realmente preocupante es el objetivo del Gobierno de convertirnos de la noche a la mañana en un país más igualitario sin haber hecho las tareas indispensables para ello. El mejoramiento de la calidad de vida de los ecuatorianos no se logrará con la simple transferencia de recursos del sector privado al sector público; si fuera así, Rusia y China serían ejemplos y no hubieran buscado la apertura al mercado global. Tampoco Cuba estaría negociando seguir el mismo camino. La mirada del Gobierno más bien debe escoger como objetivo lograr el crecimiento de la economía y desarrollar y ejecutar un programa de gobierno que nos lleve a aprovechar nuestra ubicación geográfica y todas las ventajas competitivas de nuestros sectores productivos, brindando confianza y apoyando la inversión privada y el intercambio comercial para crear nuevas fuentes de trabajo, complementándolo con programas de desarrollo productivo y de formación profesional y cultural de los sectores pobres del agro y las poblaciones de menores recursos de las ciudades. Gravar en exceso los patrimonios familiares con impuestos a las herencias y a la plusvalía por supuesto desincentiva la inversión y causa incertidumbre en las familias afectadas. Lo más importante para lograr la equidad es conseguir con el ejemplo el total cumplimiento de las leyes, la transparencia y el pago justo de sus impuestos, para lo cual requerimos una justicia honesta, objetiva e imparcial y un gobierno que respete por igual a partidarios y opositores.(O)