Resulta una ironía que el gobierno de Alianza PAIS haya definido a la equidad y la justicia social como el gran tema del diálogo propuesto para enfrentar el momento de crisis que vive el país. Resulta una ironía porque no hemos hablado de otra cosa en estos siete años que de justicia social, equidad y redistribución. Bastaría revisar los voluminosos planes de desarrollo del buen vivir, o leer los innumerables documentos producidos por Senplades sobre igualdad y erradicación de la pobreza; todos los informes a la nación del presidente de la República desde su primer año de gobierno, sus innumerables intervenciones en conferencias y foros internacionales –en los cuales ha destacado como logros incuestionables de la revolución ciudadana el aumento del gasto social, la reducción de la pobreza y la desigualdad, y los cambios en las relaciones de poder– para constatar la centralidad del tema en el proyecto de Alianza PAIS. Aún más, todo el discurso sobre ampliación de las funciones del Estado, fortalecimiento de sus capacidades institucionales, crecimiento y reforzamiento de la burocracia, se ha proclamado en nombre de la equidad y la justicia social.

Si el país quiere tener un diálogo serio sobre equidad y justicia social, este tendría que girar alrededor de la eficacia del propio modelo de la revolución ciudadana para alcanzarlos como objetivos. ¿Cómo se han usado los recursos del boom petrolero? Las reducciones obtenidas en pobreza y desigualdad, tan publicitadas por el oficialismo, ¿guardan relación con la inversión realizada? ¿Ha existido derroche de recursos? ¿Puede seguir siendo el Estado el generador del crecimiento y la dinámica económica? ¿No se ha creado un monstruo burocrático insaciable con todos los recursos que entran a sus cuentas? ¿El retorno del Estado ha sido tan eficiente como proclama el Gobierno o ha consagrado una élite burocrática privilegiada con capacidad para repartir favores? ¿Cuál es el papel del mercado en la generación de crecimiento económico y del crecimiento en la reducción de la pobreza? El que hayan propuesto debatir sobre equidad y justicia social como eje de los diálogos resulta casi una confesión de que el modelo o no funcionó, se agotó, o no tiene viabilidad; que pasamos de la larga noche neoliberal a un modelo burocrático y estatista al que se le desarmó su estructura de liderazgo, se le acabaron los recursos económicos, y se quedó sin adhesiones populares, y que hoy no sabe cómo reconstituir su base de apoyo sino devolviéndole al canciller a su papel de activista social.

Discutir sobre justicia social y equidad significa evaluar siete años de inversión pública, gasto social, dispendio de recursos, crecimiento burocrático con fines político-partidistas, ahogo de las capacidades productivas privadas, consagración de grandes monopolios, asfixia de todos los mecanismos de mercado, domesticación de la sociedad civil. Significa ponerse a pensar seriamente en los límites y excesos del modelo posneoliberal de Alianza PAIS, e ir hacia un Ecuador poscorreísta. Que no vengan a los siete años a dárselas de muy democráticos, justos e izquierdistas, cuando han tenido todo, absolutamente todo, para mostrar resultados incontrastables en la lucha contra la inequidad y la injusticia social. (O)