Con 84 votos a favor se aprobó la moción de una asambleísta de Alianza PAIS, para que la Asamblea apruebe un proyecto de resolución que regule la difusión de videos, documentos y discursos de los asambleístas durante los debates del plenario.

En un país democrático, el fundamento de la autoridad radica en el pueblo y se ejerce a través de los órganos del poder público, como dice nuestra Constitución. Es extraño, entonces, que se pretenda regular la difusión de lo que ocurre en las sesiones de la Función Legislativa, puesto que lo que allí ocurre se hace en representación del pueblo, que tiene derecho a conocer y a formarse un criterio sobre la actuación de quienes lo representan.

Al contrario, lo deseable en un país democrático es poner a disposición de la ciudadanía toda la información de lo que sucede en las entidades del Estado. Si se piensa que algo no debe conocerse, lo malo no está en que se divulgue, sino en que suceda.

Lo paradójico es que el organismo legislador olvida que la Constitución, al referirse al derecho de acceder libremente a la información generada en entidades públicas o privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas, como es el caso, dice: “No existirá reserva de información excepto en los casos expresamente establecidos en la ley”. (O)