Están anunciadas para estos días algunas protestas colectivas contra el Gobierno y su acción. Hoy habrá una en Guayaquil, otra en Quito, y se ha dado a conocer que se iniciará una recolección de firmas en Galápagos para protestar por una ley que algunos moradores sienten que perjudica a las islas.

Si estas manifestaciones ciudadanas son pacíficas, no hay razón para alarmarse, se trata de ecuatorianos ejerciendo su derecho a “expresar su pensamiento libremente y en todas sus formas y manifestaciones”, como dice el artículo 66 numeral 6 de la Constitución y el numeral 13 del mismo artículo, que se refiere al “derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria”. Se trata de ciudadanos ejerciendo un derecho que el Estado tiene la obligación de garantizarles.

Así pues, es una forma de decir algo y de buscar ser escuchado, que la misma ley prevé, y si se cumple el objetivo de expresar inconformidades, como en este caso, y se lo hace con las debidas garantías y en un marco de respeto mutuo, solo haría falta ser atendido para que los resultados sean positivos, ya que en un país democrático el diálogo entre los mandantes y el mandatario debe ser permanente para que el mandato se sostenga y dé frutos de democracia, justicia y paz. (O)