Nuestro invitado
Richard Martínez Alvarado*

Cuando se dicta una norma laboral las expectativas de los actores involucrados en esta relación son múltiples y seguramente contrapuestas, contexto en el cual el Legislativo debe expedir cuerpos legales que se adecuen a una realidad que permita resolver problemas estructurales. En esa línea, reformas sensibles como en el ámbito laboral, más allá de su intención, deben procurar su legitimidad en el consenso de los actores.

Una reforma en materia de trabajo debería generar las bases para alcanzar el desarrollo sostenible, incrementar la productividad y la competitividad con inclusión social, que permitan reducir las cifras de empleo inadecuado. Según las cifras del INEC, un 52,06% de la población ocupada tiene un empleo inadecuado.

Las autoridades anunciaron que la Ley para la Justicia Laboral serviría para la construcción de un sistema económico justo, productivo y solidario, basado en la distribución igualitaria de los beneficios del desarrollo y en la generación de trabajo digno y estable. Una vez aprobada la norma quedan las siguientes inquietudes: ¿cuántos empleos se generarán con su entrada en vigencia? ¿De qué manera contribuirá a aumentar la productividad? ¿Cómo permitirá reducir la informalidad? ¿Cómo mejora las relaciones obrero-patronales? ¿Es la base de confianza para un pacto productivo de largo plazo? Parecería ser que estas preguntas elementales no fueron resueltas para el diseño de la Ley.

Los efectos pueden ser contrarios a los esperados. La eliminación del contrato a plazo fijo tendrá serios impactos en la inclusión de nuevos trabajadores, particularmente de los jóvenes. Según el INEC, un 64% de los desempleados está en un rango de edad entre 15 y 30 años. La obligatoriedad del pago de desahucio en todos los casos ha sido normada enfocándose en la excepción y no en la regla, dejando al empleador en situación de desequilibrio cuando el trabajador de manera voluntaria decide concluir la relación laboral. El despido ineficaz podría perennizar comportamiento indebidos. Al final del día, la premisa de la estabilidad no debe imponerse por mandato legal; su esencia debe tener como base la productividad y la responsabilidad.

El hecho de haber aprobado una reforma en materia laboral sin haber dado paso al diálogo tripartito –que emana de las directrices de Diálogo Social de la Organización Internacional del Trabajo– refleja que queda aún mucho por construir en aras de la concertación como canal adecuado para diseñar soluciones a los problemas de pobreza, informalidad e inequidad que aún aquejan a nuestro país a pesar de los avances observados en los últimos años. El llamado del sector empresarial al diálogo nacional debe ser el reflejo de la madurez institucional con la que deben tratarse los grandes temas de interés nacional.

*Presidente ejecutivo de la Cámara de Industrias y Producción. (O)