Mientras el jefe de Estado declaraba ufano que el país está preparado para soportar una disminución del precio del petróleo a 20 dólares el barril, el Ministerio de Finanzas colocaba en el mercado internacional un nuevo lote de bonos por 750 millones de dólares a una tasa de 8,5 por ciento. Una muestra de que el discurso y la práctica pueden tener lógicas divergentes en tiempos de ajuste.

Menos mal que la cotización del crudo marcador WTI se recupera y está alrededor de 60 dólares, de modo que no será necesario experimentar con las soluciones que se aplicarían en el caso de un escenario más crítico.

El anuncio de que 7.526 millones de dólares en créditos chinos en el 2015 servirían para paliar las urgencias de la caja fiscal parece haber quedado en mera expectativa. Algo está pasando con la banca estatal que no agiliza los desembolsos. Hay la versión de que sería el reflejo de un malestar por la falta de solución de un multimillonario contingente tributario con la empresa del oleoducto de crudos pesados, donde tienen participación mayoritaria.

A diferencia de norteamericanos y europeos que no dudarían en hablar, los orientales callan pero hacen llegar el mensaje.

En medio de los apremios de caja, merced a una reciente reforma legal, el Gobierno Nacional ha intervenido fondos previsionales de ámbito privado que puedan haber recibido algún aporte estatal, disponiendo que su administración pase a manos del Biess.

Más allá de los artificios de presuntos malos manejos, solo cabe una lectura: ante las dificultades de liquidez pública, se está apoderando de un recurso ajeno que por lo demás está invertido, por ejemplo, en bienes inmobiliarios, de modo que tampoco está disponible para destinarlo a la compra de más bonos del Estado que sería el fin último.

Sin duda, una pésima señal en momentos en que los agentes económicos, preocupados por el siempre cambiante entorno en lo tributario, en lo laboral, en lo normativo, de comercio exterior, etcétera, dudan en desarrollar nuevas inversiones y seguir confiando en el país.

No hace el menor sentido que el Fondo del Magisterio con más de 400 millones de dólares de ahorro de los maestros fiscales, por haber recibido supuestamente a principios de la década pasada 8 millones de aporte estatal, quede ahora sujeto a la malhadada intervención. Más aún que le haga sin las auditorías concluidas. Que se reivindique haber puesto fin a la supuesta caja chica del antes MPD, no es sino un argumento de ocasión.

Queda por verse si con la eventual devolución de tales aportes, que de seguro sirvieron para cierta contraprestación pactada en el marco de la ley por tratarse de dineros públicos, dejaría sin efecto el atropello.

No cabe la menor duda de que la gestión de dichos fondos debe responder a la voluntad de sus depositantes y no del Gobierno Nacional, que amparado en un argumento mezquino procura justificar una intervención a todas luces abusiva y reprochable.

Cabe apelar a una reflexión sesuda para proceder a una inmediata rectificación. La autoridad debe comprender que tal medida está ocasionando efectos contraproducentes de imagen, de confianza y aceptación ciudadana.(O)