La decisión de eliminar el aporte del Estado al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, del 40% para las pensiones jubilares, deja ya algunas consecuencias políticas.

Llama la atención que 27 asambleístas principales de Alianza PAIS estuvieran ausentes. De ellos, 17 fueron reemplazados por sus alternos; los otros 10 simplemente no asistieron. Se han mencionado algunas excusas, en todo caso, es probable que en el partido se discuta esta realidad.

Por otro lado, los asambleístas de Avanza también estuvieron ausentes y manifestaron su desacuerdo con la Ley para la Justicia Laboral, ahondando más las discrepancias que ya se sintieron antes, en lo relacionado con el Código Orgánico Integral Penal y en la propuesta de reelección indefinida. El ministro de Industrias y Productividad y presidente de Avanza, Ramiro González, consecuente con los legisladores de su partido, renunció a su cargo.

Es evidente que la ciudadanía percibe negativamente la decisión y entiende que afecta a los futuros jubilados, poniendo en riesgo una de las prestaciones básicas de la institución, y es difícil que el hecho no afecte la imagen y las pretensiones electorales de quienes la tomaron. Por eso, no es extraño suponer que aun dentro del partido gobernante, algunos traten de tomar distancia, aunque hayan presentado sus excusas.(O)