Confundir en una sociedad o institución de seguros, como el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, entre flujo de caja y utilidad o superávit, es no tener la menor idea de cómo funciona un seguro; o, teniéndola, intencionalmente confundir a la ciudadanía.

El gran y único argumento para justificar el no pago del 40% de las pensiones de jubilación de IESS, como manda actualmente la ley (pero que desaparecerá con la reforma aprobada en estos días) es que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social tendrá este año un superávit de 509 millones de dólares, como señala el diario gubernamental El Telégrafo, en la primera página de la edición del 16 de abril del 2015.

Pero este concepto, de superávit de caja, no tiene ninguna relación con la capacidad de pago futura de las pensiones de jubilación. Está está dada por las reservas que debe acumular el IESS, según los cálculos actuariales respectivos.

Y disponer que el Gobierno, “cuando las necesidades del IESS lo requieran” asumirá el pago de los valores que corresponda, implica una gran irresponsabilidad frente a las generaciones y gobiernos futuros. Primeramente, porque la capacidad de pago de los gobiernos no está dada por una norma legal, sino porque en determinado momento existan los recursos; y, en segundo lugar, porque ello implica trasladar una obligación de cuantía desconocida a los gobiernos de los próximos años.

Bien harían los afiliados al IESS y sus pensionistas, en publicar los nombres y las fotografías de quienes, con la autoría del proyecto y su voto favorable en la Asamblea, serán los responsables del futuro descalabro del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. (O)

Francisco Rosales Ramos, abogado, Quito