Habiendo transcurrido, a la fecha, más de un año del tiempo previsto en la Constitución y las leyes para el ejercicio de los cargos para los que fueron elegidos, por ejemplo, asambleístas, prefectos provinciales, alcaldes y concejales cantonales y miembros de los gobiernos autónomos descentralizados de las parroquias rurales, buen ejercicio cívico sería revisar los planes de trabajo que propusieron en campaña, cada uno de ellos, y confrontarlos con la realidad que podemos observar, para analizar y calificar su grado de cumplimiento.

El ejercicio puede parecer innecesario o inútil a muchas personas, pero para otras ser interesante, como medio para confirmar el éxito o el fracaso de sus candidatos o de sus adversarios políticos y, en todo caso, como elemento de juicio para futuros procesos electorales.

Además, no es lo mismo decir tal persona, en el cargo al que fue elegida, no ha cumplido su oferta electoral, que precisar lo incumplido, con pruebas.

Demostrarlo, mediante el sistema propuesto, no podría considerarse como un simple chisme político, sería una contundente prueba que la persona o personas aludidas tendrían que rebatir, no con simples alegatos sino con contundentes demostraciones.

¿Ejercicio inútil?

Por mi parte, creo que se trata de una tarea que podemos y debemos realizar, incluso para honrar una de nuestras responsabilidades ciudadanas, la prevista en el numeral 17 del artículo 83 de la Constitución: Participar en la vida política, cívica y comunitaria del país, de manera honesta y transparente.

“Aquí está la oferta… no encuentro el cumplimiento”, por ejemplo.

Es bueno desenmascarar a quienes engañan.

¿Quién podría ayudarnos en esa labor?

En honor a la transparencia y la justicia, las autoridades depositarias de los planes de trabajo deberían mantener publicada la lista de los sitios en que, en sus páginas institucionales en internet, la ciudadanía pueda acceder a tan importantes documentos.

Esto lo sugiero porque intenté encontrar esos sitios y, probablemente por mi inexperiencia en ese tipo de investigaciones, no logré localizarlos.

¿Será que las autoridades electorales no consideran información importante para el pueblo elector los planes de trabajo de sus elegidos?

¿Por qué no tener acceso directo y fácil para encontrar las sugestivas y a veces convincentes ofertas electorales que terminan seduciendo a votantes que encumbran así, confiadamente, a quienes luego incumplen eso, precisamente eso, que convenció a sus electores?

No hay que olvidar que el resultado de gestiones de investigación como la sugerida podría servir a los electores frustrados para que, contrastando la información de lo ofrecido con la realidad evidente, incluso demostrable según las rendiciones de cuentas que hayan hecho los sujetos de nuestra investigación, estos puedan convertirse en candidatos ideales de un proceso de revocatoria de mandato.

Luego de un quehacer cívico como el propuesto, evidenciar que nos equivocamos o se equivocaron al votar confiando en determinadas personas, que eso fue un grave error, debería servirnos de lección cívica, para escoger en el futuro mejores candidatos.

¿Habrá quien realice la tarea propuesta? ¿Sería tan amable en darme su opinión? (O)