En primer lugar, hay que considerar que entre los fundamentos del decreto del presidente Obama no consta el de ser refugio de terroristas.

De ser así, con toda seguridad que lo habría invocado y, por cierto, sí sería de justa preocupación de los propios venezolanos, de Estados Unidos y demás países.

En segundo lugar, curiosamente esa acusación de falsificar documentos de extranjeros y facilitar el ingreso a Venezuela de extranjeros indeseables ha sido formulada en contra de Lorent Gómez Saleh, con respecto a colombianos, para organizar y ejecutar actos violentos en Táchira contra el gobierno. Gómez fue deportado de Colombia, con la protesta del guerrerista Álvaro Uribe.

En tercer lugar, hay que recordar la denuncia que se hizo de adulteración de las protestas en Venezuela, con fotos de escenas de represión de la fuerza pública, que corresponden a otros países y momentos, lo que se inscribe en la campaña de desprestigio contra su gobierno acosado por el golpismo desde el 2002, expresado, entre otros, por Leopoldo López, quien declaró antes de ser encarcelado que las manifestaciones debían durar hasta derribar a Maduro.

Pero no se crea que estamos absolviendo al Estado venezolano en materia de violación de derechos humanos, ya que por ejemplo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dictado 16 sentencias condenatorias, cumplidas solo parcialmente, en el periodo que corre de 1995 al 2012, lo que incluye a los gobiernos predecesores a Chávez y a los del comandante. Para inmenso perjuicio de los venezolanos, ese gobierno, el 2012, se retiró de la Convención Americana de Derechos Humanos, lo que se hizo efectivo en el 2013.

Y en cuanto a la corrupción, ya señalé en el artículo comentado el apoyo de los gobiernos estadounidenses a exdictadores corruptos.

Ciertamente, tribunales independientes, que al parecer no tiene Venezuela, deben investigar actos de esa índole, de funcionarios y exfuncionarios del gobierno venezolano.(O)

Julio Roca, Guayaquil