La salvaguardia general por balanza de pagos es la medida más extensiva de defensa comercial impuesta por el Gobierno Nacional en ocho años de gestión. La sobretasa arancelaria aplica al 57% de bienes de capital, 51% de bienes de consumo, 49% de equipos de transporte, 85% de materiales de construcción y 11% de materias primas, según el total de importaciones del 2014. Un ajuste sin precedentes.

Hay el empeño gubernamental de minimizar el impacto, destacando que solo afectará a los más pudientes y que, en el peor de los casos, obligará a modificar temporalmente los hábitos de consumo de la población. Pero son inútiles disimulos.

El aumento de precios de tantos productos importados, con una sobretasa de hasta el 45%, tendrá un efecto inmediato de reducción de los niveles de consumo con la consiguiente disminución de ventas de muchos pequeños y medianos negocios que tendrán que recortar empleos, como parte de una estrategia de supervivencia durante 15 meses que durará la restricción.

Y es necesario aclarar que no solo es el comercio sino algunos sectores de la industria y de prestación de servicios que se verán afectados con mayores costes y baja demanda. Con salvaguardias que aplican a 8.600 millones de dólares en importaciones, hay un efecto de rebote en numerosas cadenas productivas.

Hay que tener presente que Ecuador como país en vías de desarrollo necesita importar la mayor parte de los bienes que consume, simplemente porque no los produce o, si lo hace, su producción es insuficiente. Dicho de otro modo, tiene un déficit estructural de balanza comercial que no se va a superar en el corto o mediano plazo con meras salvaguardias o cupos.

De modo propio las importaciones van a disminuir como consecuencia de la caída de las exportaciones y la falta de liquidez de economía. Su desempeño durante el periodo de dolarización corresponde a curvas espejo, de modo que si el precio del petróleo cae, lo mismo ocurre con las compras en el exterior. Esta lógica contraviene la urgencia y más aún la amplitud de la medida.

Y no deja de ser una paradoja que mientras en los gobiernos anteriores (2000-2006), con un valor promedio del crudo bastante inferior, no hubo necesidad de apelar a medidas de defensa comercial, el actual lo viene haciendo de manera recurrente desde el 2009, casi sin pausa.

El modelo de gasto público intensivo ha sido el principal factor de estímulo a la importación de bienes, incluidos los requeridos para la construcción de obras de infraestructura, de manera que su disminución por el recorte fiscal y la dificultad para financiar proyectos de inversión actuará automáticamente de freno.

Pero el modelo se basa además en una intensiva intervención estatal en todos los ámbitos de la economía, dentro del concepto tradicionalmente socialista, por lo que no hay espacio para la mano invisible del mercado o autorregulación, cuya respuesta se desconfía. Sin embargo, hubiera sido bastante menos invasiva que una salvaguardia general, que debió ser en el peor de los casos más acotada.

Mientras, está abierto el capítulo de sustento de la medida ante la OMC que puede desvelar sorpresivos contratiempos. (O)