La Secretaría Técnica de Prevención de Asentamientos Humanos Irregulares inició el viernes el desalojo de 40 familias que construyeron sus viviendas en una zona protegida de la isla Trinitaria. El plan continuará puesto que son 152 las viviendas que deben retirar.

Los moradores, que según los funcionarios de la Secretaría habían sido notificados con anticipación, pidieron la intervención de la Defensoría del Pueblo, que convocó a una audiencia en la que no hubo conciliación, pues están asentados en las riberas del estero Salado, transgrediendo disposiciones del Ministerio del Ambiente. Algunos habitantes aceptan salir del lugar, si les proporcionan un sitio para vivir, entregándoles los títulos de propiedad.

El comité permanente por la Defensa de los Derechos Humanos manifestó que lo dispuesto por la Secretaría sería un desalojo forzoso, según el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas.

El problema no es nuevo en Guayaquil y además de los desalojos, necesarios por la propia seguridad de los moradores, requiere políticas que favorezcan el desarrollo de las áreas rurales de donde proceden muchos de los ciudadanos, a quienes la necesidad convierte en invasores o en víctimas de traficantes de tierras. Mientras tanto, tienen derecho a que se les asigne un lugar para vivir.(O)