La marcha del 19 de marzo en todo el país, y en Quito, en particular, demostró fácticamente una realidad evidente: cada vez más ecuatorianos se encuentran inconformes con la estructura gubernamental. Las razones son muchas y por eso la marcha se nutrió de todos los sectores sociales y políticos. Los indígenas pedían respeto a sus organizaciones, los trabajadores exigían mejores condiciones laborales, las feministas lo hacían por el siempre recordado y nunca bien ponderado Plan Familia Ecuador y cada grupo esgrimía sus razones para protestar. Las consignas eran tan diversas y variopintas como los grupos que las esgrimían, coincidiendo ocasionalmente la mayoría en el grito de “fuera Correa, fuera”. La ciudadanía encontraba de esta forma su manera de expresar descontento, su modo de decir “ya basta” de tanta arbitrariedad y atropello. Fue claro que si bien cada grupo maneja sus propios argumentos y motivos, existen ciertos temas comunes que preocupan a todos. Uno de ellos y fundamental, es el sector justicia, en donde pese a los avances en materia de infraestructura, ha habido un claro retroceso en lo que se refiere a independencia judicial y nivel de decisiones judiciales. Por ejemplo, si los estándares de aplicación de la detención preventiva antes eran deleznables, al punto que el Ecuador recibió por esto varias sanciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CorteIDH, actualmente son mucho peores y a este mecanismo, definido por la misma CorteIDH como excepcional, se ha convertido prácticamente en la regla. Otro tema que genera coincidencias es el rechazo a la presión tributaria, hoy por hoy la más alta de nuestra historia, pues vemos que los impuestos directos e indirectos, así como otros tributos se acercan a los que se paga en el primer mundo, con contraprestaciones infinitamente inferiores; todo esto a la par de una percepción generalizada de despilfarro de fondos públicos, constantes escándalos de corrupción, de endeudamiento en condiciones poco claras y una economía cada vez en peor estado. De los derechos humanos ni qué decir, trabajadores, indígenas, mujeres, organizaciones GLBTI, ecologistas, entre otros grupos, tienen serios reparos a la gestión de gobierno; sin embargo, vemos que estas protestas y exigencias no son compartidas o procesadas adecuadamente por los grupos políticos de oposición.

Si vemos las propuestas y reclamos de la ciudadanía y los comparamos con el discurso de los actores políticos de oposición, parecería que existe una distancia insalvable entre unos y otros. Aún más, parecería que estaban más preocupados nuestros políticos de quién iba y quién no a la marcha, demostrando no solo un sectarismo injustificable, sino una miopía preocupante. Cuando de enfrentar a un gobierno que ha copado todos los espacios posibles y que aprieta cada vez más fuerte el cuello de los medios independientes se trata, no existe otro camino que la unidad. Parece, sin embargo, que la defensa de los microespacios y de las parcelas clientelares pesa más que un proceso de necesaria restauración democrática. Al más puro estilo de niños de escuela, parecería ser que el lema que mueve a los líderes opositores es “si te metes con él, yo no me meto contigo”.

Mientras tanto, la ciudadanía se moviliza y exige, lo hace de forma espontánea y desorganizada, encuentra en los gremios más que en los partidos un punto de referencia. No se siente representada por partidos y movimientos que no entienden que no es la tendencia o ideología lo que está en juego, sino la subsistencia del estado social y democrático de derechos y justicia. ¿Qué dicen nuestros “líderes” de oposición respecto del matrimonio igualitario? ¿Han opinado en algo sobre la despenalización del aborto en mujer víctima de violación? ¿Han levantado su voz, indignados por el incremento de personas privadas de libertad en el país? Vemos que el tratar de ser electoralmente correctos, les hace mirar a otro lado cuando deben tratarse temas polémicos, que pueden restarles simpatías en algunos sectores. ¿Por qué hablar a favor de acusados de cometer delitos, si lo “cool” es el populismo penal, en nombre del cual miramos cómo los estándares de privación de libertad y condena se relajan cada vez más? ¿Por qué romper lanzas por grupos homosexuales, si podemos guardar silencio y no ofender los delicados oídos de los grupos tradicionales? ¿Para qué ubicarnos en una vereda opuesta a la iglesia, defendiendo a mujeres violadas que deciden abortar? El silencio, la comodidad, la mediocridad, el doble estándar es la regla. Lloran en redes sociales y con razón, al hablar de los injustamente presos en Venezuela, cuando nuestras cárceles rebosan cada vez más de personas a las que no se les ha reconocido ni presunción de inocencia, ni debido proceso. Mientras eso no cambie, el mejor aliado del Gobierno seguirá siendo sin duda la propia oposición. (O)

Cuando de enfrentar a un gobierno que ha copado todos los espacios posibles y que aprieta cada vez más fuerte el cuello de los medios independientes se trata, no existe otro camino que la unidad.