Luego de ocho años de una bonanza sin precedentes, el Gobierno enfrenta una caída de los ingresos de divisas por el comercio petrolero (exportaciones - importaciones) de unos 3.000 millones de dólares. El deterioro que esto significa hace que los inversionistas financieros internacionales se muestren renuentes a comprar bonos ecuatorianos. El Gobierno tenía la expectativa de colocar 5.000 millones este año. Acaba de colocar solo 750 millones. El presidente ha indicado que esta brecha externa le preocupa más que la fiscal.

Para cerrar la brecha, hay acciones de tres tipos a seguir, y se requiere de todas para superarla. La una es financiamiento externo, de ahí el viaje a Pekín. Hay la esperanza de poder colocar más bonos, pero esto dependerá del precio del petróleo.

La segunda y más deseable opción es atraer más divisas que no sean endeudamiento público. Una manera es con mayores exportaciones, y de ahí que por fin las autoridades aprueban un mecanismo ágil de devolución de impuestos a los exportadores. Pero con la falta de acuerdos comerciales y el fortalecimiento del dólar, no habría gran expansión de las exportaciones privadas.

Una mayor inversión extranjera también contribuiría a mejorar la situación, pero el entorno de las políticas públicas ha sido hostil. Recién se vislumbra un cambio, pero la inversión no vendrá de la noche a la mañana.

La tercera es frenar la salida de divisas, para lo cual el Gobierno opta por medidas administrativas: la puesta de recargos arancelarios a las importaciones, afectando a gran parte de los bienes de consumo y bienes de capital, y parcialmente a las materias primas para las actividades productivas.

El Gobierno optó por el sistema de salvaguardias sin medir las consecuencias. Ya vimos cómo inicialmente se aplicaba a Colombia y Perú, medida que tuvo que desmantelarse y ser reemplazada por otras que se aplicarán a todo el mundo.

Para que el mundo acepte la salvaguardia, se requiere que el Fondo Monetario se pronuncie sobre si el problema es coyuntural, y por lo tanto la medida se justifica; o si es estructural, en cuyo caso el Ecuador tendrá que ajustarse a las nuevas realidades.

Hay también el peligro que países afectados tomen medidas retaliatorias. En Chile, los exportadores de frutas piden que el Gobierno restrinja las importaciones de banano y camarón. En Perú también hay enorme descontento.

Internamente, la salvaguardia traerá distorsiones. Hay industrias cuyos insumos encarecen, también partes y piezas para mantener máquinas existentes. El elevadísimo arancel para productos de consumo hará que el contrabando aumente, y con el contrabando, las ventas sin facturas, que conllevaría un retroceso en el proceso de formalización que tanto ha favorecido al cobro cabal de impuestos.

En suma, el remedio escogido para enfrentar el deterioro de las cuentas externas parece peor que la enfermedad. El Gobierno debería contemplar la posibilidad de cambiar la salvaguardia por un profundo recorte en su gasto, con lo cual la demanda interna se reduciría y con ello las importaciones. Por supuesto que esta medida tendría un impacto negativo en los ingresos de los ecuatorianos, pero en balance sería menor y menos distorsionador que la salvaguardia.(O)