Una reciente encuesta de Cedatos revela que el 81,2% de los ecuatorianos aspira a que la reelección indefinida sea decidida a través de una consulta popular y no como una simple enmienda constitucional, anotándose un sostenido aumento de dicha tendencia en los últimos meses. Obviamente, un porcentaje del 81,2% no solo es categórico, sino virtualmente definitivo, lo que evidencia que la ciudadanía ha reafirmado el interés de que la propuesta de la reelección indefinida sea puesta en su consideración y no resuelta en el interior de la Asamblea Nacional.

Ahora bien, el gobierno de Rafael Correa ha sido un régimen habituado a incorporar las encuestas como medio de pulso de la opinión ciudadana, con mayor razón si se toma en cuenta la circunstancia de que usualmente esas encuestas han arrojado resultados positivos para beneplácito oficial. En el caso de la propuesta de la reelección indefinida, sin embargo, el Gobierno estaría aparentemente haciendo caso omiso de ese porcentaje tan ilustrativo, lo que a su vez acarrea la reflexión respecto del aparente desinterés por el sentir ciudadano. ¿Qué poderoso factor impulsa al Gobierno a no incorporar en su cálculo político la expectativa de ese 81,2% de ecuatorianos? Hay quienes consideran que la respuesta es muy sencilla y tiene que ver con el recelo que guarda el régimen respecto de los resultados de una consulta popular, en la cual la mayoría de ecuatorianos optaría por negar la opción de la reelección indefinida.

Esa es otra pregunta: si la propuesta de la reelección indefinida fuese consultada finalmente al pueblo, ¿sería tan rotundo el no o existiría el chance de que la gente termine cambiando de opinión? Considero que el Gobierno no quiere tomarse ese riesgo, ya que lo más probable es que de ser consultada la ciudadanía, negaría la opción de la reelección indefinida. Sin embargo, me parece que más allá de que el 81,2% quisiera ser consultado, no hay coincidencia en cómo canalizar el rechazo ante la posibilidad de que la reelección indefinida termine pasando como una simple enmienda, y tampoco creo que tenga un efecto político gravitante el hecho de que no se dé la consulta, todo esto ante la aparente resignación de la mayoría de sectores políticos del país con alguna notable excepción.

Quizás el cálculo más preciso que puede tener el Gobierno se refiere a la idea de que no se producirá un efecto político mayor si la opinión de ese 81,2% de ecuatorianos es finalmente ignorada, ya que más allá de algún tipo de desgaste, Rafael Correa seguirá teniendo las mayores posibilidades de victoria en el 2017, aun si pasa la reelección indefinida como una simple enmienda. Otro sería el cantar si ese porcentaje tan terminante se trasladase a una intención de voto o de rechazo al momento de las elecciones presidenciales. La gente quiere ser consultada respecto de la reelección indefinida, lo más seguro es que vote en contra de ella si es consultada, pero si se da la reelección indefinida, Correa mantendría la primera opción. Esa es la paradoja del 81,2%, o mejor dicho, su gran debilidad. (O)