Del poema homérico de la guerra de Troya, en la que los griegos, simulando una retirada, dejaron abandonado en la playa un caballo de madera que los troyanos, ingenuamente, llevaron al interior de sus murallas, sin percatarse de que al interior del caballo estaban soldados griegos que abrirían las puertas para que sus compatriotas penetraran a conquistar Troya, ha quedado la expresión que titula este artículo para el caso cuando alguien introduce en el campo que no domina una fuerza que lo conquiste o lo sabotee. Eso intenta el gobierno del Ecuador cuando pretende que quien ha sido su dócil presidente de la llamada Corte Constitucional sea designado miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El propio presidente ecuatoriano visitó en Costa Rica la sede de la Corte, y con una generosidad propia de los tiempos de la bonanza petrolera abrió el camino empedrándolo con oro, con la donación a la Corte de un millón de dólares. El asunto es de una terrible gravedad: el presidente de la Corte Constitucional ecuatoriana que ha negado peticiones de ciudadanos ecuatorianos, si estos llegan a apelar a la Corte Interamericana, se encontrarían con que entre los jueces que deben resolver su apelación está quien antes sentenció en su contra. Es decir, ¡juez de la instancia ecuatoriana; juez de la instancia internacional de apelación! La renovación parcial de jueces de la Corte Interamericana, en los difíciles momentos que vive la región, es de una gran trascendencia. Para conseguir que su candidato triunfe, el Gobierno deberá obtener en la OEA una mayoría de votos. Por supuesto que obtendrá los votos de los países que le son afines en su posición contraria a los organismos de derechos humanos, y, sobre todo, a la Comisión Interamericana. La Cancillería ecuatoriana ha realizado múltiples peregrinaciones para tratar de disminuir los poderes y recursos económicos de los organismos que le son incómodos, y, señaladamente, de la Comisión que trabaja por la Libertad de Expresión. Al ganar influencia en la Corte, que es organismo de última instancia, pretenderá influenciar, también, las actuaciones de la Comisión Interamericana cuyas recomendaciones no atiende. El Gobierno quiere cerrar el círculo y controlar todas los tribunales, nacionales e internacionales. Es esta Corte Constitucional la que decidió que las reformas constitucionales que permiten la reelección indefinida sean resueltas por la Asamblea, en clara violación de la misma Constitución y negándole al pueblo el decidir sobre esta reforma. Es esta Corte la que en connivencia con el Consejo Electoral tiene de Herodes a Pilatos a los ciudadanos que demandan una consulta popular sobre la reelección indefinida. El único patrón de conducta de esta Corte, que inconstitucionalmente se constituyó en Corte Constitucional, es complacer al Gobierno. El presidente de esa Corte quiere estar, ahora, en la Corte Interamericana, constituida, fundamentalmente, para defender a las personas contra los abusos de los gobiernos. La maniobra es tan burda que creo levantará una gigantesca ola de protesta nacional e internacional.

Por si fuera poco, ahora tenemos al interior del país un segundo caballo de Troya: en contravención al artículo 17, numeral 3 de la Constitución que prohíbe la concentración en pocas manos de los medios de comunicación, el Gobierno, mediante la argucia de modificar una disposición meramente reglamentaria, ha favorecido la concentración en manos de un empresario extranjero –que, además, emplea testaferros– de numerosos y diversos medios televisivos, radiales y, ahora, inclusive escritos, luego de la compra del diario independiente El Comercio; el favorecido –quién sabe sujeto a qué condiciones– es hoy, luego del Estado, el más poderoso comunicador. Los medios independientes quedan aún más reducidos y continuarán bajo el implacable control de este tribunal especial que es la Secom.

En Venezuela, en Cuba, en Argentina, en Ecuador, y otros países, se requiere urgentemente de jueces que defiendan los derechos humanos contra la represión de los gobiernos. (O)

En Venezuela, en Cuba, en Argentina, en Ecuador, y otros países, se requiere urgentemente de jueces que defiendan los derechos humanos contra la represión de los gobiernos.