El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que aparece por primera vez entre las instituciones del Estado en la Constitución del año 2008, fue creado con atribuciones importantes como la de formular políticas públicas de transparencia, control y rendición de cuentas, promover la participación ciudadana, prevenir y luchar contra la corrupción y estimular procesos de deliberación pública. Adicionalmente se le otorgó la responsabilidad de designar a funcionarios tan importantes como el procurador, los superintendentes, el defensor del Pueblo, el fiscal general y el contralor, los miembros del Consejo Nacional Electoral y del Consejo de la Judicatura.

Sus tareas suponen independencia real de las otras funciones del Estado y convencimiento de que la democracia es plural, y por lo tanto, todos los ciudadanos tienen derecho a participar en los distintos niveles, instancias, circunstancias y momentos de la vida del país.

Han pasado los años y ha llegado el momento de elegir nuevos miembros del organismo y hasta aquí todo parece indicar que no habrá muchos aspirantes, se ha dicho que una de las causas del desinterés podrían ser los trámites burocráticos que se necesitan para conseguir la documentación solicitada. Sin embargo, eso no es muy distinto de lo que se requiere para otras funciones. Habría que preguntarse si será que la ciudadanía le atribuye poca relevancia, y si así fuera, sería necesario buscar el porqué. (O)