En el año 1985, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó los “Principios Básicos Relativos a la Independencia de la Judicatura” entre los cuales destaca que los jueces resolverán los asuntos que conozcan con imparcialidad, basándose en los hechos y en consonancia con el derecho, sin restricción alguna y sin influencias, alicientes, presiones, amenazas o intromisiones indebidas, sean directas o indirectas, de cualesquiera sectores o por cualquier motivo.

La independencia de la Función Judicial es además un derecho de todas las personas consagrado en la Convención Americana de Derechos Humanos en su artículo 8.1, que establece: toda persona tiene el derecho de ser oída por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial. Así, la Corte Interamericana ha señalado que “toda persona sujeta a un juicio de cualquier naturaleza ante un órgano del Estado deberá contar con la garantía de que dicho órgano sea imparcial y actúe en los términos del procedimiento legalmente previsto para el conocimiento y la resolución del caso que se le somete”.

Entonces, ¿Qué pensaríamos de un Estado en el cual su principal órgano administrador de justicia resuelve únicamente a favor del gobierno? ¿Podríamos hablar de independencia judicial?

Recientemente un grupo de abogados venezolanos realizaron una investigación, publicada en un libro titulado El TSJ al servicio de la revolución. La investigación consiste en el estudio de más de 45 mil sentencias del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, dictadas entre el 2004 y 2013 por las salas Constitucional, Político Administrativa y Electoral, que están encargadas de controlar los actos del gobierno.

La conclusión, sorprendería en cualquier parte del mundo, tal vez no tanto en la región: el TSJ jamás ha emitido un fallo en contra del régimen. El estudio demuestra además que, ante cada decisión política, que haya generado polémica, existe una resolución del TSJ que respalda dicho dictamen. Nunca se ha cuestionado o abolido alguna política pública del gobierno, así como las expropiaciones a sectores privados, la intervención del gobierno en la economía en los controles de divisas, costos y precios o las estatizaciones. Tampoco se ha declarado con lugar ninguna acción de amparo constitucional ejercida contra el presidente, menos aún, se ha revocado o trastocado una ley dictada por la Asamblea Nacional.

De lo expuesto, podemos inferir que las funciones Ejecutiva y Legislativa del Estado necesitan a la Judicial para subsistir. Necesidad que es recíproca, generando así un círculo vicioso en un agujero negro. Como opina Antonio Canova (coautor), los políticos “quieren permanecer en el poder y que los tribunales garanticen la supervivencia de la revolución”. En contrapartida, los jueces al proteger la perduración del sistema aseguran sus cargos.

Con estos antecedentes, el único argumento para proclamar independencia judicial sería que los hechos se enmarcaran dentro de un país perfecto. Pero no es así. En los últimos años el mundo entero ha sido testigo de las noticias en Venezuela, constantes en revelar controvertidas disputas políticas, asesinatos, encarcelamientos, persecuciones políticas, abusos al derecho de propiedad, carencia de bienes y servicios básicos para una vida digna, escándalos de corrupción, entre otros.

¿Se repite este patrón en los demás países de Latinoamérica? De ser el caso, se viviría sin la garantía de justicia, pues a pesar de que se pueda reclamar la ilegalidad de cualquier actuación pública, prohibido olvidar que estaríamos frente a un Estado invencible.(O)