Las reformas a la Ley de Tránsito, aprobadas por la Asamblea, plantean eliminar la obligatoriedad de pasar por una escuela de conducción no profesional para acceder a la licencia tipo B y se tomará una prueba que demuestre que el aspirante está preparado para responsabilizarse de la conducción de un vehículo. Paralelamente, se ha anunciado que la capacitación la hará el Secap y se ha cuestionado el valor que cobran las escuelas, considerándolo excesivo. La discusión se ha centrado en quién capacita y cuánto cuesta.

Sin embargo, no es lo más importante. Es indispensable que las pruebas sean muy exigentes y destinadas a comprobar si quien las rinde es capaz de conducir un vehículo en diversas circunstancias y está listo para responder a imprevistos.

Dónde aprender debe ser decisión de la persona, pero sí sería necesario que los organismos responsables del tránsito en el país tuvieran la facultad de aprobar el currículo y los programas y fijar el perfil de los instructores, en las escuelas.

Todas las exigencias y precauciones son necesarias pues se trata de defender vidas. (O)