Fui al exterior a estudiar, anteriormente enfrenté la pérdida de mis mascotas en Ecuador. El dolor de verlas sufrir y la impotencia para hacer justicia me llevaron a acudir a instituciones públicas y privadas.

Como establece la ley, las causas de muerte solo se demuestran mediante autopsia efectuada por un médico legalmente autorizado para este fin. Por tanto, en Guayaquil, me dirigí a Agrocalidad, Zoonosis, Instituto Nacional de Salud Pública, Colegio de Médicos Veterinarios del Guayas y Ministerio de Agricultura y Ganadería, con el fin de que se me informara quién contaba con autorización para realizar autopsia a animales. La respuesta fue unánime: nadie. En Agrocalidad y el Instituto Nacional de Salud Pública pregunté si ellos recibían quejas de mala práctica veterinaria. La respuesta fue no.

Acudí con mi queja a muchos medios y fundaciones sin resultados. Antes de esto ya me había quejado infructuosamente en Agrocalidad y el Ministerio de Agricultura y Ganadería, porque casi la mayoría de veterinarios aumenta entre el 100% y el 200% el valor de los exámenes del que realmente cobran los laboratorios. Los exámenes de laboratorio son en muchos casos indispensable para un diagnóstico acertado; ¿por qué especular con el precio a tal punto de volverlos como prohibitivos? Pagué y pude comparar los precios finales con los de los laboratorios. ¿Qué ocurre cuando no se solicitan los exámenes pertinentes y, por ende, nuestros animales reciben un mal diagnóstico? Al cancelar costosos valores en una clínica veterinaria, yo no aspiraba a que mis animales fueran inmortales, sino que recibieran la atención eficiente por la que estaba pagando.

¿Por qué todo esto es posible? Creo, porque hay instituciones, asociaciones, veterinarias que defienden los derechos de sus agremiados, pero a los propietarios de mascotas no los defiende nadie, o sea, aunque somos mayoría estamos solos, y no somos atletas europeos cuya hazaña convoque atención mundial; ahora todo el mundo está pendiente del perrito callejero Arthur, el cual siguió a unos deportistas suecos que participaban en un torneo en Ecuador y uno de los atletas lo adoptó y lo llevó a Estocolmo. Ahora que el resto del planeta mira a Arthur empezamos a mirarlo nosotros los ecuatorianos. Pero en mi país, el Ecuador, quienes recogemos animalitos de la calle no salimos en la prensa, somos tildados de locos y de ridículos por no gastar un dineral en comprar una mascota de raza que nos dé más caché. Algo deberían valer nuestros derechos de ecuatorianos para que reciban atención eficiente nuestras mascotas, y no pagar precios sobredimensionados. ¿A quién acudimos?, ¿ante quién denunciamos?, ¿quién hace valer nuestros derechos?, ¿qué defensa de consumidor sirve cuando nuestras mascotas están muertas? El proyecto para la nueva ley Loba, Ley Orgánica para el Bienestar Animal, a más de fijar obligaciones a propietarios de mascotas ¿nos defenderá o debemos participar en un triatlón para ser escuchados?

Alejandra Pin Zambrano, abogada, Buenos Aires, Argentina