Luego del reciente anuncio del presidente Obama sobre inmigración, los republicanos más radicales hablan hasta de enjuiciarlo políticamente. La declaración de Obama ha enfurecido ciertamente a la oposición. Las últimas elecciones legislativas les dieron una clara victoria a los republicanos, pero ellos no tomarán control de las dos cámaras sino hasta el 3 de enero del próximo año cuando se inaugurará el 114º Congreso. Es más, Obama recurrió a un mecanismo polémico –la promulgación de una suerte de “instructivo”– que obligaría a los republicanos a contraatacar legislativamente. Con este golpe, parecería que la Casa Blanca ha querido adelantarse al escenario complicado que se le viene.

Dado que en los Estados Unidos se les prohíbe a los presidentes más de una reelección, los presidentes que atraviesan la situación de Obama –sin control del Congreso, en sus dos últimos años…– tradicionalmente pierden mucho liderazgo. Por ello es que los presidentes en su misma situación son generalmente tildados humorísticamente como “lame duck”, en alusión a aquellos patos que por una lesión en sus patas tienen dificultades de caminar, y son fácil víctimas de depredadores. Lo que ha hecho Obama no es precisamente propio de un lame duck. Todo lo contrario. Y es eso probablemente lo que más ha enardecido los ánimos.

La principal diatriba contra Obama es que su declaración conlleva una violación de la Constitución que obliga al presidente a “ejecutar fielmente las leyes de los Estados Unidos”, es decir, las leyes federales. Al anunciar que su gobierno se abstendrá de deportar a una cierta categoría de inmigrantes ilegales, y que suman alrededor de cinco millones, lo que Obama ha hecho –dice el argumento– es precisamente dejar de cumplir con un deber constitucional. Al fin y al cabo dichos inmigrantes han violado la ley.

Si bien hay mucho de verdad en lo anterior, también es verdad que el sistema legal de los Estados Unidos no es tan simple. Tradicionalmente, la rama Ejecutiva ha gozado de cierta discreción en la forma como ejecuta las leyes aprobadas por el Congreso. Sí, Estados Unidos es un Estado de derecho. Nadie lo duda. Pero también es un sistema inspirado en la equidad, donde las ramas encargadas de aplicar las leyes –la Ejecutiva y Judicial– lo hacen de manera razonable, proporcional y pragmática, sin dejar de lado consideraciones de prudencia, oportunidad y hasta de costo-beneficio.

Los tribunales federales generalmente han rechazado demandas de inconstitucionalidad contra decisiones como la adoptada por Obama. En el esquema de balance de poderes, el Ejecutivo debe tener un espacio de maniobra para ejecutar las leyes. Por ello es que un camino que tendrían los republicanos sería el aprobar una ley que contradiga expresamente las instrucciones de Obama, ley que seguramente sería vetada por este. También podrían añadir dicha ley a otra que Obama sí necesite, y obligarlo a negociar. Pero todo ello tendría un costo político muy riesgoso para los republicanos, pues, los alienaría de la comunidad hispana, la misma que probablemente tenga un rol importante en las próximas elecciones presidenciales.