El proyecto de reformas laborales ha sido presentado de forma acotada, respondiendo a la necesidad de reducir eventuales costos políticos, en circunstancias que la prioridad fundamental del régimen es aprobar el paquete de reformas constitucionales, principalmente la reelección presidencial indefinida.

Luego de cuatro años de discusión, el proyecto de nuevo Código del Trabajo que se presentó en el 2013 con una veintena de ejes temáticos, que llegó a traducirse en un anteproyecto de 548 artículos, difundido el 1 de mayo último, ha quedado reducido a apenas cinco grandes temas. Sin duda, la protesta social ha tornado cauto y hasta medroso al Gobierno.

Además, la iniciativa resultará útil como maniobra distractiva y para renovar el discurso oficial que se torna repetitivo y pobre en mensajes convincentes. Sin duda, la propuesta será parte de un hábil mercadeo, más allá de su naturaleza inconsulta y antitécnica.

De acuerdo con convenios internacionales suscritos en el marco de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el proyecto debió ser formulado a través del diálogo tripartito: gobierno, empresarios y trabajadores, cosa que no ha sucedido; una vez más prevaleció la imposición desde el poder.

Se venderá bien la eliminación de los contratos de plazo fijo en aras de la estabilidad laboral, pero no pasa de ser una medida populista. En la actualidad, la ley permite dicho contrato hasta dos años aunque en su gran mayoría son de apenas un año, que en un alto porcentaje se tornan indefinidos. Ningún empresario contrata a sus trabajadores pensando en despedirlos; por el contrario, lo hace aspirando a una vinculación de mediano y largo plazo.

Interesante destacar que en la actualidad el tiempo promedio de rotación en el mercado laboral es de cinco años. Una señal inequívoca de que los jóvenes tienden a la movilidad procurando mejores condiciones de trabajo, sin aferrarse a una estabilidad de por vida.

El pretender atar la remuneración del gerente general o altos ejecutivos al salario mínimo de la empresa generará la ilusión de que estos mejorarán; pero eso no ocurrirá y acarreará efectos contraproducentes.

En momentos en que el Gobierno tiene como objetivo desarrollar una economía del conocimiento, sabemos que esta se basa en capital humano altamente capacitado y, por tanto, sujeto a estándares remunerativos internacionales. Fue la razón por la cual se promulgó un decreto ejecutivo para que los Ph.D. de la Comisión Gestora de Yachay puedan ganar 217 mil dólares anuales, con un bono de premio de 1 millón de dólares si permanecen cinco años vinculados a la Universidad del Conocimiento.

Asimismo, los proyectos relacionados con el cambio de la matriz productiva, que suponen inversiones de riesgo de centenares de millones de dólares, requerirán de ejecutivos que sean retribuidos con base en parámetros de una economía global, que no hace distingos si es en Ecuador o Sri Lanka. De hecho, esta política fracasó en India en los años 70 y la fuga de cerebros obligó a rever la medida.

Finalmente, la pretendida imposición de un techo a las utilidades de los trabajadores de apenas 24 RBU (remuneración básica unificada) tiene su antecedente en la legislación de las décadas del 80 y 90 cuando se estableció un tope de 40 y 80 RBU, respectivamente; sin embargo, en el 2000 fue declarada inconstitucional por afectar al principio de intangibilidad de derechos de los trabajadores, que sigue vigente en la Constitución de Montecristi.