El 19 de noviembre, por convocatoria de las centrales sindicales del país, se realizó a nivel nacional una serie de marchas a través de las cuales miles de personas expresamos nuestro descontento. Estas demostraciones de inconformidad agruparon a diferentes sectores, pues si bien la convocatoria fue sindical, la composición de la marcha fue de lo más variopinta. Además de los trabajadores, se hicieron presentes estudiantes, profesores, ecologistas, gremios profesionales, entre otros. Evidentemente, los motivos de cada grupo iban más allá de las razones por las que se hizo el llamado a la marcha y eso es lo realmente grave para la estructura de gobierno. No existe una razón individual que mueva a las masas a expresar su repudio al poder, son muchas y vienen desde todos los sectores. La explotación minera en Intag o petrolera en el Yasuní mueve a algunos, el retroceso de los derechos laborales a otros, la represión brutal de la que fue objeto un grupo de estudiantes motiva a más de uno y, por supuesto, el deplorable estado de la administración de justicia se constituye en una preocupación general.

Para todo lo dicho tiene respuestas el poder, que considera posible todavía faltar a la verdad enancado en una enorme estructura propagandística. Si los ecologistas protestan, es porque manejan un doble discurso y quieren mantener a comunidades y pueblos ancestrales en estado de postración. Si los trabajadores protestan, es porque las dirigencias sindicales se encuentran infiltradas de tirapiedras y extremistas que añoran un pasado de caos y anarquía. Si los abogados protestamos, es porque nos negamos a aceptar los magníficos cambios operados en el sector justicia. Evidentemente, el presidente no ve más allá de aquello que su grupo de acólitos se lo permite, pues solo así se explica una orientación tan errática, que cada vez pasa una factura más alta al primer mandatario. Las demostraciones del 17 de septiembre y del 19 de noviembre, que por cierto fue aún mayor que la primera, demuestran fundamentalmente dos aspectos, la gente venció el miedo, por una parte, y el descontento es cada vez mayor, por otra.

La gestión de gobierno es percibida de forma diferente a lo que fue hace siete años. La descalificación y el uso de fondos públicos para atentar contra la imagen y honra de quienes osamos disentir con el poder ya no es celebrada, sino por los pocos que sábado a sábado acuden a los enlaces. La estrategia comunicacional no se reinventa y el producto que vende ahora se percibe como malo y corrupto. El sector justicia es buen ejemplo de ello, los cambios en infraestructura son innegables y evidentes. Los tugurios del pasado se han convertido hoy en modernos edificios, donde sentados cómodamente los abogados podemos perder dos horas de nuestra vida para presentar un simple escrito. Las decisiones judiciales, especialmente en aquellos casos en los que existe interés de algún sector gubernamental, se perciben como claramente direccionadas y las garantías jurisdiccionales de derechos constitucionales, como la acción de protección, por ejemplo, en la praxis prácticamente no existen. Esta garantía diseñada constitucionalmente para proteger los derechos de los ciudadanos del abuso gubernamental y privado hoy por hoy ha sido anulada a fuerza de amenazas y destituciones a jueces, que osaron concederlas. Vale recordar que estas amenazas, en un paroxismo de incompetencia del Consejo de la Judicatura, se hicieron constar en oficios circulares en los que se advertía a los operadores de justicia de las consecuencias que les traería actuar contra los intereses de gobierno. A ningún profesional del Derecho o ciudadano en sus cabales se le ocurre que sus derechos estarán protegidos, si entran en conflicto con las decisiones gubernamentales.

El presidente de la República sabe que la percepción de la justicia navega entre las aguas de la pena, burla y vergüenza y que eso le está pasando una factura política altísima. Si hay algo que nos ha demostrado la historia es que el control político gubernamental de los operadores judiciales genera vulneración de derechos, por un lado, y esquemas de corrupción, por otro. No existe un caso en que esta constante hubiera dejado de funcionar así. Mientras un funcionario gubernamental, sea el que fuere, tenga la posibilidad de imponer a un juez su decisión, nadie podrá considerar protegidos sus derechos. En la marcha del 19 de noviembre hubo diferentes perspectivas sobre algunos temas, pero cuando se mencionaba el estado de la justicia, la opinión negativa es uniforme. Por eso la preocupación del Consejo de la Judicatura por callar a los gremios de abogados que, como el Colegio de Abogados de Pichincha, han alzado su voz de protesta.

Evidentemente, los motivos de cada grupo iban más allá de las razones por las que se hizo el llamado a la marcha y eso es lo realmente grave para la estructura de gobierno. No existe una razón individual que mueva a las masas a expresar su repudio al poder, son muchas y vienen desde todos los sectores.