Puede ser que las consecuencias no sean graves para nuestra sociedad en ciertas ocasiones, debido a la toma de decisiones gubernamentales erradas; pero en otras sí –y aún estamos pagando el precio de la improvisación– que afectó a la generalidad y dejaron los problemas para que sean resueltos por el gobierno siguiente. Pero el desenfreno en la labor legislativa al calor de la coyuntura también entraña peligros, ora provenga de la iniciativa de la Asamblea o de Carondelet. El cálculo inmediatista de supervivencia política no siempre dio resultados para los angustiados, pero siempre significó y significa hacer experiencia con la suerte ajena. La del ciudadano llano.

Muchas de las leyes aprobadas en estos últimos años fueron tramitadas con el rumbo trazado en el cuestionado pasado. Pero en el presente –con el “cambio de época”– los proyectos vienen adornados con retórica esotérica, ampulosa y ambigua, ecologista (aunque resulte lo contrario), equitativa, con dedicatoria, garantista de derechos, incluyente, divisionista, amenazante y “socializadora” al mismo tiempo. Unos con intenciones reveladas y otros las traen escondidas. Con el mismo ritual en cada ocasión, semejante al del depredador que rodea a la perdiz hasta marearla y aprovechar su descuido para atraparla. Eso sí, ha quedado claro que el engaño no ha sido lo peor, sino sus secuelas: la desilusión, el incierto destino y la afectación al plan de vida. En fin, la factura se la pasan a los gobernados.

Hago notar al lector que mucho de lo que se aprobó en la Asamblea hasta ahora y de lo que está pendiente, pudiera tener relación negativa incluso con los planes de desarrollo del país. Con el anunciado cambio de la matriz productiva, por ejemplo.

Entre la semana pasada y esta, lo queramos o no, estamos nuevamente en medio de ese ciclo malévolo y pernicioso del “ritual”. Enmiendas que disfrazan reformas a la Constitución y reformas al Código de Trabajo que no han sido pormenorizadas. Que no son todas las que se han explicado y dividirán nuestra atención con otros proyectos normativos en trámite. Hay bastante que revisar y encontrar lo no revelado en las reformas laborales. Dura tarea de los especialistas y analistas, del sector privado y público.

En todo caso, vivimos circunstancias económicas de gran vulnerabilidad –algunas reconocidas por el Gobierno, otras señaladas por entendidos– que imponen prudencia en la labor de concebir o reformar leyes. En el caso de las reformas laborales, estas sin duda afectan a la actividad productiva, empresas, trabajadores y a las finanzas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Es por ello que los legisladores deberán preguntarse si aquellas realmente beneficiarán a la sociedad en su conjunto; y, además, ilustrarse sobre los costos cualitativos. ¿Serán viables? ¿Tendrán armonía con el plan nacional de desarrollo económico? Deben ponerse en los zapatos del inversionista. ¿Son consecuentes con los planes de desarrollo, los límites a las remuneraciones de los empresarios y a las utilidades de un trabajador? ¿Le hace bien a la seguridad jurídica que entre las reformas se amplíe el campo discrecional de las autoridades del trabajo? La legislación coyuntural puede agravar la situación de los ciudadanos en desventaja.