El 26 de septiembre desaparecieron en Iguala, ciudad mexicana del estado de Guerrero, 43 estudiantes de Magisterio. Hace pocos días el procurador general dio a conocer los resultados de la investigación: los jóvenes que habían sido detenidos por la Policía Municipal fueron entregados a sicarios del cartel que controla la zona, y fueron conducidos hacinados en un camión hasta el basurero de una ciudad vecina. Algunos murieron asfixiados en el trayecto, los demás fueron interrogados y asesinados. Con sus cuerpos hicieron una pila a la que prendieron fuego. Luego recogieron los restos calcinados, los fracturaron y los arrojaron en bolsas de basura al río Cocula. La investigación vinculó al hecho, al presidente municipal y a su esposa.

El terrible episodio es una muestra del horror que se vive en esa zona, en la que el Estado va perdiendo su autoridad y la impunidad y el abuso van ganando cada vez más espacio.

La sociedad mexicana ha reaccionado con indignación y reclamado públicamente una acción decidida y eficaz que los libre de la violencia y de la amenaza permanente a su seguridad. Algunos han añadido el pedido de renuncia de autoridades a las que consideran responsables de no haber tomado las medidas necesarias en el momento oportuno. El hecho, que ha conmovido al mundo, es también una advertencia para otros países.