Una información publicada hace pocos días en los diarios nacionales decía que el organismo internacional encargado del control del lavado de dinero y del combate al financiamiento del terrorismo, el Grupo de Acción Financiera Internacional, GAFI, sigue manteniendo al Ecuador en su lista de países que no han hecho los esfuerzos suficientes para implementar acciones que lo vuelvan más confiable. Se trata, claro, de una nómina no muy halagüeña porque en ella constan países como Irán y Corea del Norte, absolutamente impresentables en los rubros anotados, junto a otros Estados no muy bien prestigiados en varios aspectos de su vida cotidiana como Argelia, Indonesia, Myanmar, Angola, Irak, Namibia, Nicaragua, Uganda o Zimbabue.

La entidad que hace la evaluación señala que su finalidad es proteger al sistema financiero internacional de los riesgos que implica el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, y que su afán es cooperar para que los países vulnerables puedan superar sus deficiencias estratégicas en beneficio de todas las personas de buena fe que requieran de sus servicios.

El informe puntualiza que el Ecuador ha dado pasos hacia adelante para avanzar y que incluso ha aprobado un nuevo código penal que incluye disposiciones legales relacionadas con los temas aludidos, pero que a pesar de los compromisos de alto nivel político con el GAFI para superar las deficiencias en sus controles, no hay progresos significativos y los problemas continúan. El análisis indica que el Ecuador debe elaborar un plan para establecer procedimientos adecuados y expeditos que logren confiscar recursos económicos relacionados con el lavado de dinero e identificar y congelar los fondos destinados a grupos terroristas como son algunos de los movimientos insurgentes de diverso tipo, para concluir que “Ecuador tiene que seguir reforzando la supervisión de su sector financiero”. (Merece la pena indicar al hablar de “terrorismo” que no existe uniformidad en aceptar una definición concreta y exacta de lo que debe entenderse por tal y por eso, a veces, cuando la línea divisoria no está muy clara, hay mucho subjetivismo, confundiéndose una acción de terror delictiva con una actividad política. Ni siquiera la ONU “define su objeto de referencia decisivo”, lo que induce a los gobiernos y a los gobernantes a incurrir en apreciaciones erróneas o falsas, absolviendo conceptualmente a unos o condenando en el mismo sentido a otros, lo que torna más difícil la aplicación de cualquier regla relacionada con su combate.)

El Estado debe dar señales claras y prácticas, con acciones, de que camina decidido en la dirección correcta porque este tipo de categorizaciones a nivel internacional entorpecen ciertas actividades lícitas y negocios en general. No dudo que el régimen, y especialmente la Procuraduría General del Estado, quiere cumplir con estas conductas necesarias y sensatas, pero falta profundidad y celeridad para alcanzarlas.

Con la reciente aprobación del Código Orgánico Integral Penal presumo que existen las herramientas jurídicas básicas para lograr el objetivo deseado y salir de la deshonrosa lista del GAFI. El país estará pendiente de conocer en los meses futuros la aplicación de las medidas correspondientes.