Me quejo del tortuguismo que afecta a la “nueva justicia ecuatoriana” y, para el efecto, envío mi presentación de mi airado reclamo ante el Tribunal provincial de lo Contencioso Administrativo.

Como el demandado es la Superintendencia de Bancos, por daño moral, este tipo de situaciones pueden llevarme a concluir que existen nexos entre las Funciones Ejecutiva y Judicial, diseñados para retardar procesos eficaces en contra del Estado. Los nuevos edificios, per se, no constituyen ejemplo alguno de “nueva justicia”, pues es mejor que los escritos se despachen aunque la Corte funcione en una instalación antigua. A continuación mi queja: señores jueces, la Constitución de la República del Ecuador en sus artículos 168 y 169 consagra los principios procesales que rigen todo tipo de actuaciones judiciales. Uno de ellos es el principio de celeridad. Este principio es el verbo rector que garantiza de manera efectiva la tramitación oportuna de todos los procesos.

Por otra parte, el artículo 75 ibidem consagra el principio de tutela judicial efectiva, el cual de manera precisa establece que todos tenemos derecho a concurrir ante los órganos jurisdiccionales competentes y obtener una respuesta inmediata a nuestras pretensiones. El artículo 82 ibidem consagra el principio de seguridad jurídica, el cual garantiza que las disposiciones legales que se encuentran consagradas en nuestro ordenamiento jurídico se cumplan de forma efectiva.

Con estos antecedentes me permito manifestar a este Tribunal que llevo varios meses solicitando se me despachen los escritos presentados, sin que hasta la presente fecha se hayan proveído mis pedidos.

Resulta totalmente contradictorio que en un Estado donde se proclama a viva voz que se administra justicia y que se hace de la misma “una práctica diaria”, tenga que andar rogando y mendigando se atiendan mis pedidos.

Es absurdo, señor jueces, que durante todo este tiempo –desde el mes de febrero del presente año– vuestras autoridades no se dignen pronunciarse respecto de mis pedidos. Advierto, y pongo de manifiesto ante ustedes, que la falta de pronunciamiento y sustanciación de la presente causa me está generando un gravamen irreparable, toda vez que me encuentro en un estado de indefensión judicial sin que ustedes –autoridades competentes– emitan un pronunciamiento relativo a mis pedidos. Les recuerdo, señores jueces, que el retardo injustificado, la falta de despacho, la demora en el juicio, me da derecho a ejercer las acciones constitucionales y disciplinarias para hacer efectivos mis derechos.

José Nebot Saadi, abogado, Guayaquil