El sobrecogedor caso de represión contra una manifestación en que murieron 6 estudiantes y otros 43 desaparecieron, hace casi un mes, en el Municipio de Iguala, México, ha desatado una jornada de protestas en varias ciudades; se exige a las autoridades que los encuentren y “los devuelvan vivos”.

A base de las declaraciones e investigaciones de los hechos ocurridos el 26 de septiembre, se puede establecer que se trató de una represión violenta ordenada por José Luis Abarca, edil de Iguala, ejecutada por la Policía Municipal, informó el titular de la Procuraduría General de la República. Abarca ordenó atacar a los estudiantes para evitar que intervinieran en un evento que celebraba esa noche su esposa, como presidenta del organismo defensor de la familia en Iguala.

Tras la detención del líder del cartel Guerreros Unidos, se pudo descubrir que el crimen organizado se había infiltrado en la municipalidad. El alcalde recibía de 2 a 3 millones de pesos mensuales como soborno; a cambio permitía que el grupo delictivo decida los nuevos ingresos en la Policía local.

Con este caso –denunciado como crimen de Estado– se evidencia el porqué a pesar de que el “combate” a los carteles resulta en la captura de toneladas de drogas, no se logra descubrir a los capos del lavado de activos. La corrupción política cobija al crimen organizado para que prospere en la sombra.