Los frecuentes desacuerdos entre el presidente de la República y el alcalde de Guayaquil, llegaron a un punto muerto con respecto a quién le toca atender la solicitud de los transportistas de elevar los pasajes urbanos, puesto que según la ley, los municipios deberán asumir la competencia del manejo del tránsito dentro de su ciudad y recibir el dinero para el financiamiento respectivo. El problema es que el Gobierno ha venido subsidiando el costo y no entrega al Cabildo el dinero para que esto se mantenga y, en esas condiciones, la autoridad municipal se niega a asumir esa responsabilidad.

Ante el empantanamiento del tema, el alcalde ha dicho que podría convocarse a una consulta popular local, para que sean los ciudadanos los que decidan si quieren que parte del presupuesto municipal se asigne al pago del transporte urbano.

Según el artículo 104 de la Constitución: “Los gobiernos autónomos descentralizados, con la decisión de las tres cuartas partes de sus integrantes podrán solicitar la convocatoria a consulta popular sobre temas de interés para su jurisdicción”. El tema, sin lugar a dudas, es de interés de los habitantes del cantón, por lo que la consulta bien podría ser el camino adecuado para tomar una decisión.