Sigue sin resolverse el problema suscitado por la necesidad de definición acerca de quién, cuándo y en qué condiciones se debe asumir la competencia en la dirección y administración del tránsito en Guayaquil y, en consecuencia, atender el pedido de revisión de tarifas de parte de los transportistas.

La Función Ejecutiva sostiene que le corresponde al Municipio y este aclara que, para aceptarla, es necesario que le sean transferidos los fondos que se requieren, incluidos también los del subsidio que el Estado les confirió, y el Ejecutivo no acepta lo último.

Mientras, los transportistas han anunciado que la próxima semana irán sus representantes al Municipio para plantear que se realice un estudio técnico que sea la base para la fijación de la tarifa. Es una idea aceptable y, en este caso, el personal técnico que realice el estudio debe ser elegido de mutuo acuerdo.

Es importante dialogar sin que los cálculos políticos entorpezcan las decisiones, para buscar una solución legal, equitativa para las partes y, sobre todo, beneficiosa para los usuarios del transporte público.