Las movilizaciones de gremios de trabajadores y simpatizantes al Gobierno en diferentes ciudades del país, para exigir cambios en las políticas públicas o para defender al régimen, desde mi particular visión, solo alcanzaron parcialmente el objetivo que buscaron. Pero no es poco si se tiene en cuenta la presencia importante de manifestantes, pese a los resortes del ejecutivo; y, porque se creó importante expectativa con la convocatoria. Como ensayo para futuras movilizaciones queda una lección para los organizadores. Es de lamentar eso sí los actos de violencia que se suscitaron en Quito, que afortunadamente no se extendieron al resto del país.

Los medios informaron que la concentración de protesta de trabajadores en la Plaza de San Francisco en Quito fue acosada por miembros de la Policía Nacional con escudos y caballos que pretendían y lograron dispersarla. Esto, mientras los dirigentes convocantes a la marcha realizaban sus discursos.

También trascendió la declaración del presidente Correa de que no atendería a los dirigentes “(…) hasta que no hablen con la verdad”, actitud que rechazó la oportunidad para tender un puente con un sector de ecuatorianos, que sin estimar su número, está descontento con las políticas del Gobierno, no solo de Quito, sino de Guayaquil, Cuenca, Latacunga, Machala, Portoviejo, Loja, Santo Domingo, Babahoyo, Riobamba, Esmeraldas, para mencionar algunas ciudades. Talante que contrasta con el de la gobernadora encargada de Loja, quien sí recibió a los manifestantes.

La resistencia al diálogo no es compatible con el derecho ciudadano a reunirse y protestar. Este derecho está reconocido y garantizado en la Constitución. Además respaldado en tratados internacionales universales y regionales de Derechos Humanos. Está implícito en la libertad de pensamiento y de expresión, así como en el derecho a la libertad de reunión y de asociación pacífica. Por ello, los gobernantes tienen el deber de respetar el derecho de cada ciudadano a disentir y a reclamar por sus derechos en espacios públicos, de la misma manera que los gobernantes aceptan las expresiones de complacencia.

Por su parte, el ciudadano debe manifestar su inconformidad sabiendo que está amparado en tanto en cuanto lo haga pacíficamente. Que un presidente elegido por el voto popular, debe terminar su mandato para el que fue elegido, pues es lo racional en la defensa de la democracia y las libertades fundamentales.

En esta materia, resulta útil referir la reflexión en un informe de la CIDH sobre Ecuador del año 1999, en donde la Comisión expresó: “(…) hay ocasiones en las cuales los Presidentes mismos provocan crisis institucionales (por ejemplo, cuando, sin atribuciones para ello, clausuran el Congreso o avasallan la independencia del Poder Judicial). En esos casos, la restitución del Estado de Derecho puede hacer necesario el reemplazo del presidente. En la medida en que ello se haga conforme a los mecanismos previstos en la Constitución respectiva (...)”.

Por lo dicho, siempre debe evitarse el quiebre de los principios democráticos, aún en medio de un fuerte descontento popular. Pero claro eso depende mucho de la sensibilidad y sapiencia del gobernante. Del grado de independencia de las demás funciones del Estado, que hagan posibles los mecanismos previstos en la Constitución.