Las familias pobres están más expuestas a riesgos, por ejemplo, a los efectos negativos del reciente terremoto en Guayllabamba, o a una enfermedad grave. En un caso como el citado, las familias que no estaban en pobreza pudieron haber caído en ella, por los gastos inesperados que debieron hacer. Cuando sucede un hecho como el indicado, las familias pobres desahorran lo que tienen líquido, entregan prendas para conseguir dinero prestado, venden los pocos activos más líquidos que poseen o, finalmente, cosa que es más complicada, dedican a más miembros del hogar a generar ingresos, por ejemplo, sacando a los hijos de la escuela. Lo anterior generalmente sucede a costos elevados y con consecuencias adversas para el futuro, que además disminuyen la capacidad productiva del potencial negocio familiar.

Por tanto, para apoyar el ahorro de los pobres y de la clase media, se requiere de un trabajo conjunto entre el sector público, instituciones financieras (IFI) del sector privado y de la economía popular y solidaria (EPS), fundamentalmente: I) Disminuyendo las barreras burocráticas: requisitos y papeleos relacionados con temas regulatorios en materia de conocimiento del cliente (KYC, Know Your Client) (por ejemplo, identificación de domicilio permanente, para abrir una cuenta de ahorro para los pobres), los cuales se concretan en largos formularios de varias hojas que alejan a las personas; imposición de sanciones por retiros de efectivo no previstos o incluso sobregiros; II) Fomentando la proximidad, ya que actuando racionalmente las IFI se localizan en lugares donde los negocios son más rentables, por lo que quedan excluidas las zonas donde generalmente habitan personas de bajos ingresos, a pesar de que está comprobado que la proximidad es sustancial para abrir una cuenta de ahorros; por ejemplo, en varios países de África las personas pagan a los “recolectores” de ahorro para que pasen. En nuestro país, una alternativa son los “corresponsales no bancarios” o las agencias de las cooperativas de ahorro y crédito que trabajan a nivel local. III) Mejorando la carga tributaria, según un estudio de Rojas-Suárez 2007 para la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban), identificó que el impuesto a las transacciones financieras (pagos con tarjetas de crédito, pagos en el exterior) afecta la bancarización, ya que representa un costo al hecho de realizar operaciones a través del sistema financiero, estimulando la preferencia por efectivo.

Surge como necesario facilitar el acceso de los pobres a instrumentos financieros de diversa naturaleza, como uno de los componentes de una política pública de aseguramiento social y de lucha contra la pobreza, para lo cual es necesario fortalecer una política activa que apoye la reducción del papeleo e incentivos impositivos para la apertura de cuentas de ahorro para los pobres, oficinas de las cooperativas de ahorro y crédito, corresponsales no bancarios, que se promuevan subsidios eficaces a favor de las IFI, de la EPS y del sector privado, que faciliten instrumentos de ahorro y microseguros para los pobres en las zonas más alejadas. Esperamos que el nuevo Código Monetario y Financiero aliente este proceso.