Pensaba en un tema para este artículo, cuando me llegó a las manos el libro Seguridad social y sociedad democrática, del doctor Marco Proaño Maya. El título llamó mi atención, tanto como lo hacen las múltiples quejas de distinto tipo que acerca del IESS tienen los ciudadanos y que las expresan en conversaciones, en cartas y declaraciones a los medios de comunicación.

Inicié la lectura y pronto descubrí la riqueza de la información, sin embargo, la extensión de que dispongo para este artículo me obliga a centrarme en uno de los temas que inquietan al autor y deberían preocuparnos a todos.

“En el Ecuador, el Instituto Nacional de Investigaciones Gerontológicas ha declarado que el 68,3% de la población adulta mayor no tiene ningún seguro de salud”, cita el autor. Añade que en el país, la esperanza de vida es de 75,8 años y que el 42% de los adultos mayores no tiene un trabajo formal. Que solo el 28,2% tiene acceso al sistema de Seguridad Social y el 1,6% ha contratado un seguro privado. Quizás la cifra más preocupante sea que el 15% de las personas mayores de 60 años han sido abandonadas.

La seguridad social enfrenta presiones económicas, de diversos orígenes, uno de ellos es un problema estructural, que no es nuevo, y se relaciona con una sociedad que envejece y que exige mayor cobertura de programas de salud y de pensiones. Al aumentar la esperanza de vida, gracias a que han mejorado las condiciones de alimentación, higiene y atención a la salud, las personas viven más y la proporción entre trabajadores activos que cotizan en la seguridad social y los jubilados que reciben pensiones ha variado en el mundo.

Según el autor citado, en 1960 había 6 trabajadores activos por cada persona mayor de 65 años, en el año 2000 había cuatro trabajadores activos por cada adulto mayor. En el año 2040 habrá 2 trabajadores activos por cada persona mayor de 65 años. Y en los próximos diez años habrá más personas mayores de 65 años que menores de 15.

Todo esto lleva a la necesidad de pensar las políticas relacionadas con la seguridad social, con una perspectiva de futuro que permita brindar el cuidado, atención y compañía que merecen las personas mayores y garantizarlas para las actuales y futuras generaciones.

Quizás haya que planteárselo más allá de lo relacionado con la seguridad social, el envejecimiento de la población afecta todos los aspectos de la sociedad: las políticas de empleo, el consumo, el ahorro, la tributación y las oportunidades para una vida útil de las personas mayores.

Este es un tema que debe tomarse en cuenta y que invita al diálogo, pero no solo entre políticos o expertos o seudoexpertos, sino entre todos los sectores y debe hacerse con seriedad, sin postergación pero sin prisa, sin olvidar el principio de solidaridad que debe alimentar un sistema de seguridad social y, por supuesto, buscando la manera de que las deudas del Estado al IESS sean saldadas en su totalidad.