Durante las últimas semanas hemos visto algo raro: una persona –que fue militante y diputado de un partido explícitamente marxista-leninista y luego presidente de un sindicato con las mismas simpatías ideológicas– defendiendo frontalmente la propiedad privada de los maestros sobre sus ahorros en el Fondo de Cesantía del Magisterio Ecuatoriano (FCME). Me refiero a Juan José Castelló, presidente ejecutivo del FCME, otrora diputado del Movimiento Popular Democrático (MPD) y presidente de la Unión Nacional de Educadores (UNE). Los argumentos esgrimidos en defensa de la propiedad privada de los maestros afiliados al FMCE, sobre los fondos que han acumulado en cuentas individuales, merecen ser esgrimidos a favor del mismo derecho que deberían tener todos los trabajadores, no solo los maestros que representa el señor Castelló.

Uno de los principales objetivos del marxismo-leninismo es la eliminación de la propiedad privada. Entonces, ¿cómo es que profesores que por décadas han impartido en las instituciones públicas del país las ideas de la lucha de clases, del colectivo sobre el individuo, de la democracia del tumulto sin respeto al Estado de derecho, en el 2014 llegan a esgrimir argumentos propios del liberalismo? La respuesta es sencilla: la propiedad privada civiliza y los ha vuelto más respetuosos de la propiedad de otros también, porque si no como dijo Castelló: “Sálvese quien pueda”.

La reacción instantánea de Castelló al proyecto de ley que busca transferir los 54 fondos complementarios al Biess fue que este era “confiscatorio y discriminatorio”. Es interesante la mención de la discriminación dado que en el sistema actual, un tradicional monopolio estatal de la seguridad social, solo dos tipos de trabajadores pueden protegerse de las vicisitudes del IESS: (1) aquellos que tienen un ingreso por encima de cierto nivel y pueden suplementar su pensión estatal con cuentas individuales de ahorro para su jubilación administrados por empresas privadas; y, (2) aquellos empleados públicos que desde principios de los años noventa han ahorrado en cuentas individuales administradas de manera autónoma por sus representantes. En realidad es discriminatorio que solo estos trabajadores puedan elegir, así sea sobre tan solo una porción de sus ahorros, quién administra su dinero para la jubilación.

La experiencia demuestra que si se les da la libertad para elegir a los trabajadores, estos suelen preferir cuentas individuales de ahorros gestionadas por entidades autónomas. Mónica Ayala, presidenta del Fondo en Pichincha, indicó que el IESS administró por 45 años la denominada Cesantía Adicional del Magisterio sin obtener buenos resultados. Desde 1991 hasta la fecha, el FCME ha llegado a conseguir 146.000 socios que se afiliaron voluntariamente.

Se dice que los fondos del magisterio han sido manejados por el MPD y otros podrían decir que ahora se pretende que los maneje el partido oficialista. Pero la solución a esta sospecha de un manejo politizado de los ahorros de los trabajadores es permitirles a ellos, los dueños reales de los fondos, decidir libremente quién los debe administrar. Mientras continúen siendo clientes cautivos, seguirán vulnerables al mal manejo de sus ahorros.

Por eso tiene razón Castelló al decir que “nadie debe decidir sobre el dinero de otra persona”. Agregó que no debe ser una decisión de una mayoría electoral, “sino el derecho de que cada uno escoja, con absoluta libertad, quién administra su dinero”. Un liberal de mercado, confeso e irredimible, no lo hubiera podido decir mejor.