No aumentará el consumo de droga, no irán presos los médicos, los delitos de tránsito no son diferentes a los de antes, ni todas las personas jurídicas van a ser procesadas. El Código Integral Penal, con aciertos y errores como cualquier otro, es una evolución de la legislación a nivel estándar mundial; lo cual implica que la ciudadanía, por su parte, también debe evolucionar en el mismo sentido y adaptarse a las exigencias de la nueva ley.

La deficiencia en materia penal, como en muchas otras, no está en esta ley sino en quienes la ejecutan judicialmente; al igual que la deficiencia en el sistema no es culpa del Consejo de la Judicatura sino de concursos estructurados deficientemente. Ni la mejor ley del mundo, ni el mejor órgano controlador pueden dotar de conocimiento y discernimiento suficiente a algunos jueces y fiscales, así como ninguna universidad les puede enseñar sentido común ni darles criterio a la hora de aplicar la ley; peor a la hora de iniciar juicios, ordenar prisiones o negar fianzas, que es donde peor le va a la justicia. Los casos absurdos que se tramitan y las resoluciones vergonzosas que contaminan nuestra jurisprudencia solo reflejan la calidad de unos pocos funcionarios comprometidos con cualquier cosa, menos con la verdad, que evadieron filtros y se colaron en funciones. Eventualmente habrá una autodepuración institucional y las nuevas leyes serán aplicadas con racionalidad y coherencia, estableciéndose una práctica segura y confiable en la relación Función Judicial-ciudadanía, porque no hay mal que cien años dure.

Carlos Cortaza Vinueza, abogado, Guayaquil