He comentado en esta columna múltiples veces sobre este tema, tal vez porque en algún momento hace muchos años tuve que vivirlo de cerca en las altas esferas del Pacto Andino, y es un asunto –como tantos otros– que los países de esta zona del mundo no pueden evitar puesto que las condiciones económico-políticas de cada Estado y sus necesidades reales, superan la voluntad individual de los gobiernos y los compromisos adquiridos como tales. Aunque la doctrina internacional diga que los tratados son sagrados (pacta sunt servanda) la verdad es que en los países andinos impera el pragmatismo, el requerimiento del ya y ahora, antes que otra cosa.

Las precarias economías andinas, en constante proceso de parches, de avances y de retrocesos, de subidas y de bajadas, de divisas que van y que vienen cíclicamente en desproporción, están sometidas a variaciones que las obligan a echar mano del recurso de la protección para impedir el ingreso de productos competidores de artículos similares a los fabricados al interior de cada frontera.

Son dos las reflexiones centrales de este asunto y de otros similares dentro del ex Pacto Andino, ex Acuerdo de Cartagena, actual Comunidad Andina de Naciones: una es: ¿los países integrantes han tenido en algún momento y tienen hoy la voluntad política de aceptar la cesión de soberanía económica establecida en un convenio multinacional a favor de un ente regulador que beneficie a todas las partes equitativamente? Porque si las partes no se someten a lo pactado sobre las normas que deben regir el comercio intrasubregional, la historia de incumplimientos seguirá su curso per sécula seculorum. Como he expresado en otras ocasiones, no sin pena por cierto, la historia de este Acuerdo es una historia de incumplimientos pues cada país –y nadie puede tirar la primera piedra– cada vez que ha necesitado hacerlo, ha roto los pactos y ha puesto restricciones a la internación de mercaderías desgravadas provenientes de sus pares andinos.

La segunda reflexión, también de fondo, es preguntarse si los gobiernos nacionales pueden quedarse cruzados de brazos haciendo reverencias a la letra de los tratados si sus habitantes tienen necesidades apremiantes que requieren protección del Estado –por lo menos por un periodo determinado– pues si no ampara la producción nacional habrá crisis en las empresas, con la inevitable consecuencia de ampliar la desocupación o el desempleo.

A veces pienso que los países en desarrollo –que deben caminar todavía un largo trecho para ser considerados como desarrollados– no deben comprometerse a cumplir con rigor, a largo plazo, acuerdos económicos que impliquen concesiones porque sus precarias condiciones no permiten hacer honor a todos los compromisos aunque haya la voluntad política de cumplirlos pues fueron adquiridos de buena fe y pensando en el bienestar nacional pero que, sin embargo, por las variaciones anotadas, imprevistas o previstas mas no controlables, causan frecuentes cambios en sus economías.

Mientras las necesidades de los estados sean dispares y sus habitantes vivan al borde de la cornisa si no reciben protección, cada uno seguirá velando por los intereses apremiantes de sus connacionales a despecho de los acuerdos firmados. Sencillo y fácil de comprender aunque no sea lo jurídicamente correcto.