Nuestro invitado
Alfredo Saltos Guale

Las más caracterizadas autoridades del Estado han hecho públicas manifestaciones de impulsar el incremento de las exportaciones, primarias o no, con gran énfasis en productos que agreguen valor para generar la mayor cantidad de divisas y bienestar a los ecuatorianos, acorde con los lineamientos del Código Orgánico de la Producción, que proclama fluidez y abatimiento de cortapisas. Si hay una actividad que mejor encaja a esa sentida aspiración son las ventas sostenidas de banano, que integra una prolífica cadena productiva con los más variados eslabones, pues no se trata solamente de comercializar un racimo recién cosechado, sino convertirlo, luego de un meticuloso proceso, con mano de obra y materiales locales, en una presentable caja cuidadosamente embalada para soportar una larga travesía, hasta colocarla en los más recónditos sitios del planeta, donde una vez maduro es consumido con gran predilección. De allí la expresión “industria bananera”.

Los exportadores han heredado una negativa fama por las distorsiones típicas de un negocio otrora controlado por pocas voluntades que justificó la intervención estatal con leyes y disposiciones ahora obsoletas porque distorsionan y obstaculizan un dinámico negocio democratizado por el uso de contenedores y transparente información, que permite a los productores, por más pequeños que sean, solos o asociados, ubicar sus cosechas de manera directa, aumentando el número de actores, rompiendo el escenario oligopólico que rigió por mucho tiempo. Los cambios se reflejaron en el panorama mundial cuando las tres grandes comercializadoras redujeron su influencia del 65,3% en 1980 al 44,4% en 2013 (FAO 2014). Es inconcebible que subsistan cupos de exportación para un bien excedentario, lo que beneficia a los competidores que recibirán mejores precios y estimulan nuevas siembras; tampoco es saludable que tenga que rendirse onerosa caución para vender, aumentando los costos, con el afán de proteger el pago mínimo de sustentación a los agricultores, cuando bien podría recurrirse a acciones menos traumatizantes y más efectivas.

No se explica que se mantengan o creen nuevas medidas restrictivas como exigir contratos de compra a los importadores (el valor FOB es oficial), que jamás reflejarán las características de un mercado cambiante, sujeto inexorablemente a la oferta y demanda en lugares en que autoridad alguna de Ecuador puede incidir, con grave riesgo de caer en la vinculación por transacción de “más del 50% a una misma persona domiciliada o no en el país” y con ello en los círculos dantescos de los precios de transferencia. Solo los grandes capitalistas podrán exportar pues deberá demostrarse, según un confuso instructivo, que se cuenta con los recursos suficientes para garantizar los contenedores, su logística y el precio a los agricultores. La medida sancionadora frente a violaciones del instructivo va más allá de lo que señala la Ley específica cuando dice que se suspenderá la actividad económica por 45 días, frente a la norma superior que dicta solo 15. Los requerimientos de calidad para la fruta rebasan las usuales en los principales mercados y su mera inobservancia acarrearía también gravosa cesación.

La actividad bananera requiere, para continuar con su leve pero incesante crecida, la aplicación de normativas similares a las que rigen a otros bienes exportables, única formalidad para continuar aportando riqueza compartida, trabajo y equilibrio social, que se destruyan las imprácticas amarras burocráticas para navegar triunfante en una marejada de dura y despiadada competencia internacional.