El Código Orgánico Integral Penal, que entró en vigencia el 10 de agosto, establece sancionar con prisión de 15 a 30 días a quienes realicen llamadas para dar a conocer emergencias falsas al ECU-911. El sistema recibe un promedio diario de 20.000 llamadas a nivel nacional, de las que solo 7.000 son emergencias reales. Hasta ahora, la pena era la suspensión temporal o permanente de la línea telefónica usada.

Es importante que la ciudadanía se abstenga de hacer mal uso del sistema de emergencias ECU-911, porque produce una movilización inútil y solo logra desgaste y desperdicio de recursos.

Pero también hay que tener en cuenta que son ya algunas las personas a las que se les ha suspendido su línea telefónica porque, supuestamente, se la utilizó para hacer llamadas falsas. Varios usuarios han podido demostrar con el registro de sus llamadas que no las hicieron; otros, que estaban fuera del país en la fecha indicada. Sin embargo, la sanción se mantuvo y solo recibieron como respuesta que no se podía solucionar.

Es necesario controlar y sancionar el mal uso del sistema de seguridad, pero también es indispensable probarlo, de alguna manera, para que personas inocentes no sean perjudicadas.