Entre tantas cosas, el Código Monetario plantea un concepto interesante: la liquidez del sistema financiero debe servir, en ciertos momentos y circunstancias, para las políticas del Gobierno a través de su direccionamiento a ciertas actividades vinculadas a la matriz productiva y vía otros instrumentos que se le otorga al Banco Central.

Concepto interesante pero (considero yo) gravemente errado. “La liquidez del sistema financiero” no existe como tal, porque solo existe “la liquidez de cada uno de los depositantes del sistema financiero”. Esto es cierto conceptual y legalmente, porque el banco solo ha recibido un encargo de los clientes que son propietarios de esos fondos, y aritméticamente ya que los bancos se financian alrededor de 10 a 1 entre recursos del público y aportes de sus dueños. El cliente, propietario de esos fondos, ha dado una instrucción clara bajo un marco estricto de regulación (puede estar errado o no, es su derecho): “Durante el plazo en que deposito mis fondos, confío en que ese banquero en particular haga el mejor uso del dinero y quiero que esté disponible cuando venza ese plazo” (tan importante concepto que la escuela de economía austriaca cuestiona el sistema monetario moderno, porque se basa en plazos que no concuerdan entre créditos y depósitos y por ende no se cumple estrictamente la última parte de la frase anterior).

En consecuencia, el Gobierno viola el mandato del cliente cuando toma una parte de esos recursos para orientarlos hacia lo que considera políticas de gobierno o de desarrollo de ciertas actividades… ¡además, no asume las responsabilidades por las consecuencias que esto podría traer!

El Gobierno podría decir, y usted pensar, que es sano que existan recursos para el desarrollo productivo, por ejemplo, de la agricultura. No hay duda, deben existir esos recursos. Voy entonces a sugerir al menos dos líneas para que eso se dé.

Uno. Los impuestos generales (¿podrían servir los fondos petroleros? es otra discusión) existen justamente para financiar las actividades que la colectividad considera que (a través del Gobierno) deben ser financiadas por todos, y esos aportes son actualmente de tal magnitud (no menos de 15.000 millones de dólares) que en parte pueden cumplir esta función productiva: el Gobierno con nuestros impuestos puede capitalizar al BNF, presta a los agricultores y luego, si hay créditos incobrables seguidos de amnistías (situación tan frecuente), tendremos que asumirlo como parte del uso o mal uso de nuestros impuestos.

Dos. Promover ante los ciudadanos las bondades del crédito productivo y motivarlos a que libremente depositen su dinero, por ejemplo, en el BNF. Ese dinero servirá para el apoyo a la agricultura, y si no se recupera, al menos usted sabrá que lo hizo voluntariamente y corriendo ese riesgo (¡claro que luego se usarán los impuestos de todos para evitar que usted pierda esos fondos!). Si usted no lo hace porque no confía en la institución financiera pública, es absurdo que sus depósitos terminen de cualquier manera ahí por obligación impuesta por la autoridad… El respeto a la lógica y los derechos son esenciales en una sociedad.