El 10 de febrero del 2014, EL UNIVERSO publicó mi artículo ‘¿Control poselectoral?’, pocos días antes de las elecciones convocadas para que la ciudadanía escogiera autoridades seccionales en el país.

Allí especifiqué dos momentos de ese control posteriores al sufragio: uno, el cuidado en la verificación de los votos válidos, en blanco y nulos, así como la autenticidad de los datos asentados en las actas de escrutinio, en cada mesa electoral, y también de las respectivas firmas.

Luego, el cuidado del viaje de las urnas, después las verificaciones e impugnaciones de los resultados, con especial énfasis en los sistemas electrónicos.

Advertí, entonces, que hay otro control poselectoral, que nos corresponde realizar a toda la ciudadanía, particularmente a quienes estamos interesados en la honestidad política y el auténtico progreso ciudadano, con respeto a nuestros derechos.

Dicho control se refiere a la verificación del cumplimiento del plan de trabajo que debieron presentar, con el formulario de su inscripción como candidatos, los que finalmente fueron declarados elegidos como prefectos y alcaldes, así como los integrantes de las listas pluripersonales, según lo exige el artículo 97 de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas, denominado también Código de la Democracia.

Han pasado ya varios meses desde la proclamación de los resultados electorales y las autoridades seleccionadas por el pueblo, en las respectivas jurisdicciones, ya están trabajando.

¿Lo hacen según lo propuesto? Interesante pregunta; pero ¿conocemos exactamente lo que ofrecieron?

¿Sabe si el respectivo Tribunal Electoral de la jurisdicción territorial en la que usted vive ha publicado o proporcionado los textos de esos planes o ha indicado dónde se pueden leer los que resultaron ganadores, gracias a las preferencias ciudadanas?

¿Tiene o no usted interés en conocerlos?

¿Conviene conocerlos?

¿Queremos o no vivir una democracia “participativa”?

No me cabe duda de que una manera de realmente integrarse activamente a la vida cívica y política de una comunidad, local o nacional, es el confrontar lo que se ofrece con lo que se realiza, por parte de las autoridades elegidas por voto universal y secreto, y reaccionar según corresponda.

Nos quejamos de la pasividad de otros. ¿No conviene mejor autoanalizarnos y tomar las decisiones que, en conciencia, correspondan y actuar en consecuencia?

Le aviso que puede haber un premio para los ciudadanos que lleguen a descubrir y comprobar el incumplimiento de las ofertas electorales: pedir y obtener la revocatoria del mandato de quienes ofrecen y no cumplen.

Aunque ese aserto no es un requisito para que opere la referida revocatoria, según el numeral 6 del artículo 61 de la Constitución y el 199 del Código de la Democracia, sin duda implicaría una importante justificación ética para la campaña.

Me preocupa que haya funcionarios de elección popular que llaman rendición de cuentas solamente a la explicación de lo que van logrando, sin compararlo con lo que ofrecieron realizar.

¿Conviene a la ciudadanía que seamos aplicados en el control poselectoral? ¿Empezaremos? ¿Sería tan amable en darme su opinión?