No hace falta mucho trabajo para saber hacia dónde camina el caudillismo del siglo XXI, porque cada día nos dan pistas de la dirección escogida. En los últimos días ha habido por lo menos tres señales que deben ser tomadas en cuenta. Se trata de la propuesta de cambios constitucionales, el proyecto de Código Monetario y las declaraciones que ensalzan a Mussolini y Franco. Todas ellas configuran un único y claro proyecto (¿será el famoso Proyecto, con mayúsculas, que sirve de justificación para todas las contradicciones?).

Aunque quieran maquillarlos con la disposición constitucional que establece diferencias entre enmienda y reforma, lo cierto es que la mayoría de los artículos que conforman la propuesta presentada introducen cambios de fondo en la Constitución. Con excepción de la reelección indefinida, de la edad requerida para los candidatos presidenciales y vicepresidenciales –que en ambos casos tienen el nombre y el apellido del destinatario y de la destinataria– y de la corrección de un error ortográfico (artículos 3, 4, 5 y 15, respectivamente), todos los demás contienen restricciones de derechos o cambios en la estructura del Estado.

Para muestra de las limitaciones de derechos están los que tratan sobre el amparo constitucional (artículo 1), sobre las atribuciones ciudadanas para convocar a consulta (artículo 2), sobre los servidores públicos (artículo 13) y sobre la comunicación como un servicio público (artículo 16). Ejemplos de los cambios en la estructura del Estado se encuentran en los puntos que aluden a la misión de las Fuerzas Armadas (artículo 6), a las potestades de la Contraloría (artículos 7 y 8), a las facultades de los gobiernos autónomos descentralizados (artículos 11 y 12) y a la conformación de regiones (artículo 17). En conjunto, estos cambios apuntan a la colocación del Estado por encima de las personas y al fortalecimiento del Ejecutivo en desmedro de los otros poderes y de las diversas instancias institucionales. No son simples enmiendas.

El Código Monetario apunta en la misma dirección cuando busca otorgar al Gobierno el control de la banca y, por esa vía, de uno de los principales instrumentos económicos. Una vez que sea aprobado, como ocurrirá de manera automática, la orientación y los montos del crédito pasarán a depender de criterios políticos de los gobernantes del momento y no necesariamente de los balances, el capital y las condiciones de cada uno de los bancos.

El reconocimiento de los dictadores europeos del siglo pasado encaja perfectamente en esa tendencia. Ambos fueron decididos defensores del poder ilimitado del Ejecutivo, conculcaron los derechos individuales amparados en una supuesta defensa de lo colectivo y ejercieron estricto control sobre la economía. Ya se vio la similitud del caudillismo criollo con el régimen de Franco en las múltiples coincidencias de la Ley de Comunicación con la que impulsó su ministro Fraga en la década del setenta. Por ello, no llama la atención que un alto funcionario reivindique de una manera tan suelta a esos sátrapas. Si funcionarios como Javier Ponce, Miguel Carvajal o Galo Mora callan, ¿será que otorgan, como dice el dicho?