La semana pasada la Corte Suprema de los Estados Unidos adoptó dos decisiones de gran trascendencia para Argentina, así como para la jurisprudencia internacional. Ellas provocaron una reacción desatinada de la presidenta argentina al amenazar con un nuevo default, aunque luego tuvo que rectificar.

La primera fue la decisión de la Corte Suprema de negarse a conocer la impugnación que había presentado Argentina contra la decisión de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito Federal, Nueva York, que a su vez había confirmado la sentencia del juez de instancia federal, Thomas Griesa. Este último había resuelto en septiembre de 2012 que Argentina estaba obligada a honrar sus obligaciones para con un grupo de acreedores que no aceptó las nuevas condiciones que Buenos Aires propuso para reestructurar su deuda externa luego del default del 2001. Para el legendario juez Griesa –conocido por su irascibilidad– los contratos, inclusive los firmados por los gobiernos, son ley para las partes, pacta sunt servanda, como decían los romanos. Después de todo en los Estados Unidos hasta se aprobó una enmienda constitucional (la número 14, 4) prohibiéndole al gobierno incumplir sus contratos.

Cuando los “rebeldes” tenedores de bonos advirtieron en su momento que demandarían a Argentina el pago íntegro de su acreencia, el gobierno de los cónyuges Kirchner –entonces embriagados de popularidad– se burló de ellos, y los tildaron de “buitres”. Ahora, luego de años de batallas judiciales perdidas, Argentina tendrá que pagar muy caro por la demagogia de los Kirchner. US$ 1,3 billones más intereses es bastante plata.

La Corte Suprema estadounidense no está obligada a aceptar todas las peticiones que se le presentan para que revise las decisiones de tribunales inferiores. De unas 8.500 peticiones que recibe anualmente, apenas acepta menos del 2%. Cuando un petitorio es negado (“certorari denied”), la Corte generalmente no explica sus motivos.

El petitorio que sí aceptó resolver, y que forma parte de la saga judicial de Argentina con sus tenaces acreedores, fue uno presentado por el gobierno de Buenos Aires para anular la decisión del juez Griesa en la que permitía que dichos acreedores obtengan de las instituciones financieras información sobre dónde están los activos del Estado argentino. Buenos Aires había exigido a los bancos no dar esta información invocando su inmunidad soberana. La Corte Suprema sentenció que la soberanía argentina no se infringe si a sus acreedores se les permite simplemente ubicar sus activos. Los bancos tendrán que dar esta información ahora. Aunque poco publicitada, esta sentencia tiene profundas ramificaciones jurídicas internacionales, y es probablemente la que puso a Argentina al borde del abismo. En Wall Street no hay almuerzos gratis.

¿Permitirán los acreedores que aceptaron la reestructuración de 2005 que Argentina pague el ciento por ciento de los bonos originales a los acreedores “rebeldes”, mientras que ellos tuvieron que aceptar un enorme descuento? ¿No invocarán la cláusula del “igual tratamiento”, y con ello la deuda externa argentina –que ya hoy está en niveles intolerables– crecería exponencialmente? Estos nubarrones serán parte de la herencia que dejará Cristina.