La demanda de la exministra bucaramista en contra de Diego Oquendo demuestra los extremos a los que se puede llegar con la Ley de Comunicación. Aunque finalmente fue archivada, el hecho de que se la haya planteado y que haya sido aceptada por la Superintendencia son expresiones de la maleabilidad de las disposiciones de esa norma y constituyen una advertencia hacia adelante. Se han cumplido las observaciones hechas desde antes de la aprobación de la ley sobre los abusos que podían desprenderse de la caricaturesca figura del linchamiento mediático. Se ve que tenían razón los juristas que sostenían que la utilización de esa metáfora abriría la puerta a la subjetividad en su aplicación. Es lo que se desprende de la demanda y, sobre todo –y más grave aún–, de la aceptación a trámite por parte de ese organismo.

Cabe recordar que la demanda se originó en la referencia a la exministra hecha por dos personas entrevistadas por el periodista Oquendo. El programa no trataba sobre ella y su nombre solamente apareció como una ilustración de la absurda disposición. No hubo concertación con otros medios, tampoco hubo reiteración de la información y nadie en sus cabales podría sostener que hubo intento de desprestigiarla o de reducir su credibilidad pública, que son las condiciones establecidas en la ley para que se produzca el linchamiento. A la Superintendencia le bastaba con una mirada rápida para comprobarlo e impedir que la acusación fuera más allá de la ventanilla de recepción. Pero, al actuar así habría desperdiciado la oportunidad de enviar el mensaje de advertencia.

Sin embargo, el problema no se reduce solamente al linchamiento mediático, ya que toca también el tema de la censura previa. Tanto en la demanda como en su aceptación a trámite se encuentra un llamado implícito a que el entrevistador coarte la expresión de los entrevistados. Es lo que se le está diciendo al hacerle responsable de las opiniones de las otras personas. Es el mismo origen de la sanción impuesta a este Diario por haber publicado la caricatura de Bonil. Que el mensaje sea implícito no quiere decir que no sea claro. Al contrario, guarda el tono y las características que siempre tienen las advertencias.

Adicionalmente, de esto se desprende la posibilidad de que los medios de comunicación se vean obligados a eliminar el acceso del público a sus registros (especialmente los electrónicos) por temor a ser acusados de linchamiento mediático. La exministra adujo que se configuraba esta figura porque la entrevista en mención estaba colgada en la página web de la radio y, por tanto, podía repetirse una y otra vez. Ante un absurdo de esa naturaleza habría sido lógico que la emisora la mantuviera ahí, pero más pudo el temor y la eliminó. Al ceder en esto hizo algo que puede interpretarse como la negación de la historia, exactamente como ocurría en el mundo del Gran Hermano, de Orwell, donde la historia se cambiaba según las necesidades del presente. No sería raro que este fuera un objetivo adicional de los advertidores.