La capacidad de destrucción institucional acumulada por el Leviatán estatal en estos años me ha impresionado. He escrito mucho sobre este tema, tanto que ya por momentos temía pasar por fatalista. Pero ni en mis peores visiones imaginé que lleguemos al nivel de surrealismo institucional que estamos viviendo. Porque es así lo que está pasando: surreal, kafkiano, satírico. En pocas semanas hemos visto dos despliegues de prepotencia tecnocrática que desdicen el más mínimo indicio de sentido común: la sanción contra Bonil por una caricatura y la millonaria multa contra Conecel por una cláusula contenida en cinco contratos de alquiler.

El primer caso es conocido. Los análisis caricaturológicos esgrimidos constituirán sin duda un aporte maravilloso a los momentos más ¡Plop! de la historia universal. Todo fue caleidoscópico de ese episodio: el informe técnico-jurídico del dibujito, el dictamen de la autoridad mundial en semiótica que descubrió el sarcasmo en la rectificación del dibujante, las declaraciones del Súper de Comunicación, etcétera. Quién hubiera sospechado que un lápiz podría ser un arma tan efectiva de “agitación social”. Hace falta mucho talento tecnocrático para detectar algo así. Pero en fin, ese proceso ha sido la mejor caricatura que ha logrado Bonil. Así que por ese lado salió ganando.

Justo cuando ya pensaba que se había alcanzado el clímax del absurdo, llega la resolución de la Súper Antimonopolio a concursar por el primer puesto. Estudiar el caso fue un goce, debo admitir. Llevo años estudiando Derecho de la Competencia, y nunca me había encontrado con un sinsentido de esta magnitud.

La operadora privada tiene cinco lotes de terreno minúsculos alquilados para colocar antenas. Los contratos de alquiler contenían una cláusula de exclusividad. La operadora estatal (CNT) quiso alquilar justo esos mismos lotes y se queja ante la Súper Antimonopolio porque no puede hacerlo por dicha cláusula. Se inicia el trámite. Informes demuestran que había otras alternativas disponibles donde se podían colocar las antenas de CNT. La Súper concluye: puede ser que había otras opciones, y puede ser que no se puede cuantificar el daño causado, pero catapún: aquí te va una, 1.38,4 millones de dólares de multa porque tú eres grandotote (“operador dominante” le llaman) y no quisiste aceptar tu culpa cuando te di la oportunidad (esto último, en un boletín más reciente).

Obviamente, con este último caso algunos periodistas e intelectuales de izquierda vibraron, y otros no dijeron ni pío. La eterna paradoja de la progresía: rasgarse las vestiduras cuando el Estado viola libertades que ellos encuentran ‘cool’ (de expresión, sexual, etc.), mientras celebran el bullying burocrático que se amolda a sus prejuicios.

Lo más interesante es que ambas superintendencias alcanzan notoriedad protegiendo al Estado de los particulares. Todo por “crímenes” tan terribles como un dibujito satírico que no tenía comillas o una cláusula de exclusividad inserta en cinco contratos de cuantía menor. Los procesos fueron dos especies del mismo género: abuso ejercido en virtud de leyes que ponen en manos de unos cuantos iluminados un poder sin precedentes en este país. Porque hace falta más de un malabar lógico para ver en esas acciones defendidos los derechos de ciudadanos, consumidores, usuarios o lectores.

¿Superintendentes o guardaespaldas institucionales del Estado?, ¿qué mismo?