A los ecuatorianos nos queda absolutamente claro que aquellos años en los que las instituciones del sector público perdían la gran mayoría de los procesos judiciales, ya como parte activa o pasiva, son parte del pasado. Ahora la tendencia es diametralmente opuesta, es evidente que la política que se ha impuesto a toda, pero absolutamente a toda la administración de justicia es que el Estado ya no perderá un solo juicio más. Estamos frente al famoso corsi e ricorsi de la historia surgido de la inventiva del filósofo Vico, explicándonos que el avance de la humanidad no es lineal, sino en forma de ciclos que se repiten. Así, de un extremo se salta al otro y luego se retrocede paulatinamente hasta encontrar el justo y prudente medio.

Ahora estamos en el corsi, nos fuimos al polo opuesto en el que el sector público con fundamentos o no ya no pierde un solo juicio y si lo pierde, se destituye y enjuicia a los mismos jueces, como si el problema siempre estuviera en el juzgador y no en la carencia de argumentos o razón. Obvio que en el mensaje resonante de prohibido perder va otro implícito, pero no menos claro, esto es, la ausencia total de la proverbial y ancestral autonomía de la Función Judicial. Y es que la imposibilidad real de que el sector público pierda juicios únicamente puede funcionar con una administración de justicia absolutamente dependiente y oprimida. Se quieren jueces probos y sapientes, llenos de cartones de cuarto nivel para todos los juicios, menos para aquellos en los que el Estado esté de alguna forma involucrado, ahí sí no puede haber motivación, razonamiento o resolución de ningún tipo que pueda afectar al Estado. Algunos dirán que exagero, pero lo cierto es que oficiales públicos deambulan por los corrillos judiciales dando instrucciones y directrices sobre cómo y cuándo fallar. Y claro, aplicando el premio o el castigo dependiendo del comportamiento judicial, las neuronas se congelan y la dignidad se esconde antes que fastidiar las tesis del Estado.

No digo que el pasado fue mejor, bastan leer las tres líneas iniciales para percatarse de ello, no, lo que sostengo es que para dignificar el concepto de Estado se ha creído en la necesidad de quitarle la venda a la justicia y torcer su brazo hasta obligarla a que se incline al lado de las instituciones públicas, cuando estas litigan. Basta revisar las destituciones y juicios iniciados contra funcionarios judiciales en todos los niveles de la administración de justicia para coincidir. Incluso, se toma la motivación o razonamiento de una sentencia como motivo de persecución y sanción, a pesar de que el órgano rector de los judiciales tiene expresamente prohibido sancionarlos por tal causa, ya que significaría interferir en los fallos judiciales.

Esperamos que en algún momento el ricorsi se inicie y empecemos a buscar el centro prudente y equitativo que todo sistema de administración de justicia necesita. Cierto es que la desconcentración, equipamiento y modernización de nuestras cortes era imprescindible, pero no es menos cierto que de nada sirve si los jueces están sometidos a los intereses de las entidades estatales o de sus titulares. Cierto que era necesario que el Estado deje de ser el bobito del barrio en todo litigio y devolverle su dignidad. Cierto que se buscaba estigmatizar el concepto de Estado hasta reducirlo a un ente vacío y sin sustancia. Todo eso es cierto, pero llegar al extremo en el que el Estado no puede perder litigios judiciales es provocar en los ciudadanos una situación de indefensión absolutamente intolerable.