Desde la fundación de este Diario, hoy hace 92 años, son muchos los que han escrito en sus páginas. Compartimos con los lectores artículos publicados por quienes ejercieron la presidencia de la República a partir del año 1979.

De Rosalía Arteaga, presidenta temporal entre el 9 y el 11 de febrero de 1997, publicamos, el 24 de agosto de 1991, un tema importante  entonces y ahora: La libertad de expresión.

Y como si fuera hoy, Osvaldo Hurtado, que asumió la presidencia tras la muerte de Jaime Roldós, escribió La violencia verbal, el 28 de mayo de 1992.

Alfredo Palacio, presidente tras la caída de Lucio Gutiérrez, escribió varias columnas. La que les ofrecemos, del 29 de enero de 1995, interroga: ¿Es obligatoria la inteligencia?

De Rodrigo Borja, presidente entre 1988 y 1992, les ofrecemos un artículo del 23 de enero de 1997, en el que comenta juicios contra Abdalá Bucaram.

Rafael Correa, actual presidente de la República, escribió su opinión sobre las conflictivas elecciones en Estados Unidos, cuando debía definirse la presidencia entre  Al Gore y George W. Bush. Lo publicamos  el 22 de enero del 2001.

 

EL UNIVERSO | Viernes 29 de enero de 1995

ALFREDO PALACIO G.*

¿Es obligatoria la inteligencia?

Más allá del derecho a ser inteligente, este es un deber para las nuevas generaciones de nuestra nación que corren el riesgo de quedar al margen del desarrollo. En la última Conferencia General de la Academia de Ciencias del Tercer Mundo, su presidente el profesor Abdus Salam declaró que nuestro planeta se halla habitado por dos especies humanas –desarrollados y subdesarrollados– cuyas diferencias no radican en el color de la piel, credo, religión o historia cultural, sino en la maestría para producir y utilizar Ciencia y Tecnología. Advierte que el destino de los subdesarrollados del sur depende de la decisión política de impulsar las ciencias asumida por algunos gobiernos.
Este evento realizado en Venezuela –por primera vez en América del Sur– con el apoyo irrestricto del presidente Carlos Andrés Pérez y con la presencia de los más importantes científicos del tercer mundo, particularmente de América Latina, produjo resoluciones trascendentales para los países cuyos gobiernos enviaron a sus más representativos científicos. El Ecuador estuvo nuevamente ausente o representado por los funcionarios que manipulan la correspondencia de estos eventos. De cualquier manera el Ecuador está fuera –también– del Tercer Mundo, lo que quiere decir que su soledad se interrumpe solamente cuando los países creadores lo incluyen en la lista de clientes que compran y no producen.

Por eso el deber de la inteligencia es una cuestión de supervivencia. No es una tarea fácil, implica una lucha permanente más seria que la chamuchina vocinglera y el altisonante –pero incoherente– discurso que simboliza nuestro tiempo. Supera también la ceguera –e ineptitud suicida– de una parte de la dirigencia económica costeña que cedió a la Sierra poder político y la monopolización del entrenamiento académico y tecnocrático, a cambio de más divisas para sus cuentas corrientes personales.

Esta lucha debe sacudir la inercia mental y el canibalismo salvaje presente en algunos sectores profesionales. He visto partir a muchos jóvenes brillantes desalentados por el desconfiado recibimiento de sus “colegas”.

La degradación de la inteligencia explica nuestra ausencia del mundo de los sabios, aunque este mundo sea el tercero. Pero se la puede reconocer en signos más próximos. No puede haber inteligencia en una generación que contaminó el estuario más bello de América del Sur –el Salado– y no hace nada inteligente para rescatarlo y sobrevivir. No es inteligente el suicida que dinamita cerros verdes para convertir el pantano en terreno estéril y llamarle casa. No es brillante quien destruye playas y contamina el mar. Tampoco lo es quien mantiene un sistema de salud malo sin que exista el propósito de un cambio radical... e inteligente.

Para formar parte de la especie humana desarrollada, empecemos con cambios en la dieta y en la educación.

Nuestra desnutrición –que compromete el cerebro y el pensamiento– es histórica. La dominación española fragmentó la tierra en parcelas de monocultivos que transformó la alimentación y el balance nutricional de Costa y Sierra. La falta de proteínas, de yodo, la desnutrición y otros vicios de la sociedad moderna  exigen cambios en la alimentación ecuatoriana si queremos cerebros biológicamente capaces.

Nuestra educación merece una revolución, pero levantar el emblema de enseñar solo “lo que el país necesita” es consagrar dogmas que el maestro o el kikuyo juzguen prioritarios. Educar es enseñar a pensar y a ser libre.

Sin estas condiciones, no regresaremos al reino de la inteligencia.

(*) El doctor Alfredo Palacio fue elegido vicepresidente en binomio con el coronel Lucio Gutiérrez, en el 2003. Asumió la presidencia tras la destitución del coronel Gutiérrez y la ejerció desde el 2005 hasta el 2007.

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RAFAEL CORREA *

EL UNIVERSO | Lunes 22 de enero del 2001

Elecciones made in USA
 

EE.UU. El sábado 6 de enero terminó oficialmente el largo y complicado proceso electoral estadounidense, con la proclamación oficial por parte del Senado de George W. Bush como presidente electo. Por esas ironías del destino, la proclamación la realizó un estoico Al Gore, quien en su calidad de vicepresidente es a su vez el presidente del Senado.

La última elección presidencial ha sido, sin duda, la más excepcional de la historia norteamericana. Después de haber vivido el proceso más reñido de los últimos cien años, el ganador del voto popular perdía por una diferencia de 300 votos en Florida, los que le daban a su oponente la mayoría en el Colegio Electoral y con ello la presidencia.

Paradójicamente, con mucho la mejor parte de una sobria campaña demócrata, se dio después de las elecciones, cuando Al Gore se negó a aceptar su magra derrota en Florida y utilizó todos los mecanismos legales disponibles para que varias decenas de miles de votos sean contados manualmente, ya que el conteo mecánico los consideraba en blanco pese a que muchos de ellos eran válidos pero con imperfectas marcas para presidente.

Dicho conteo manual recibió la feroz oposición de la Secretaría de Estado, máxima autoridad electoral de Florida, así como de todo el Partido Republicano. Los argumentos fueron desde la doctrina de la “papa caliente”, es decir, la urgencia de que se designe un ganador so peligro de que se desestabilice la democracia más estable y antigua del mundo, hasta que el conteo manual tenía mayor margen de error que el mecánico.

Las tácticas políticas tan antiguas como la misma democracia salieron a relucir. Mientras se creaba el caos, simultáneamente se restaba validez a cualquier recuento invocando lo caótico del mismo. Mientras se exigía que los votos militares de ultramar —ampliamente favorables a los republicanos— sean contados incluso careciendo de claros requerimientos legales, se impedía el conteo manual argumentando falta de adecuadas normas.

Finalmente, después de una serie de batallas legales y tres días antes de la fecha límite impuesta por la Constitución para proclamar el ganador en los diferentes estados, la Corte Suprema de Justicia de Florida ordenó el recuento manual de todos los votos supuestamente en blanco. Pocas horas después, la Corte Suprema de Justicia aceptó el pedido de la campaña de Bush de parar el conteo hasta decidir si este era constitucional, y, finalmente, el martes 12 de diciembre, fecha límite para tener resultados oficiales en cada estado, la Corte Suprema decidió que el recuento debe tener reglas uniformes, pero que en todo caso, cualquier recuento después de la fecha límite –es decir, aquel mismo día– sería inconstitucional.

La derrota oficial de Gore en las elecciones de Florida fue fruto de una inaudita concurrencia de acontecimientos, desde la pérdida de miles de votos por Gore por el mal diseño de la papeleta electoral en Palm Beach County hasta el dominio republicano del gobierno de Florida y de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Es claro que los problemas se hubiesen evitado si, con la amplia discreción que la Ley Electoral de Florida otorgaba, se hubiese inmediatamente acordado un recuento manual de los votos supuestamente en blanco.

El problema es la factura que vendrá, cuando después del 20 de enero el segundo candidato más votado en la historia de Estados Unidos —solo Ronald Reagan en 1984 sacó más votos que Al Gore— se encuentre sin trabajo, y, calmadas ya las pasiones partidistas, se evalúe objetivamente el papel de un candidato y un partido que, más allá de cualquier eufemismo, simplemente impidieron que se cuenten todos los votos.

Las elecciones dejan muchas enseñanzas. Demostraron las graves deficiencias del sistema electoral estadounidense, donde gracias a un arcaico Colegio Electoral, 930 votos de un estado —es decir, 0,0009% del voto nacional— pueden dar la presidencia al candidato perdedor; demostraron la fortaleza institucional de USA, pues lo que en Latinoamérica hubiese significado poco menos que una guerra civil, fue una lucha estrictamente limitada a los tribunales competentes; demostraron el absoluto imperio de la ley, cuando las decisiones judiciales causaron el enojo de muchos, pero el sometimiento de todos; y, finalmente, evidenciaron que de vez en cuando también se cuecen habas en USA.

(*) Presidente Constitucional en los períodos 2007-2009; 2009-2013; 2013-2017.

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EL UNIVERSO | Jueves 23 de enero del 1997

Rodrigo Borja *

Juicio penal contra Bucaram

Los dos juicios que por injuria calumniosa  se han propuesto contra Bucaram han abierto una amplia discusión sobre el tema del fuero y la inmunidad presidenciales. Algunos tratan las cosas  deliberadamente para bloquear el trámite de esos juicios y servir a los intereses del Gobierno. Argumentan que se requiere previa autorización del Congreso Nacional para que el Presidente de la Corte Suprema pueda proceder. Habría que preguntarles en qué artículo de la Constitución fundan su argumento. Es cierto que la doctrina constitucional clásica señala, como un mecanismo de garantía de la separación e independencia de las tres funciones del Estado, que para proceder judicialmente contra el jefe del Ejecutivo se necesita el llamado desafuero, que es la anuencia de la Función Legislativa. Pero nuestra Constitución no recoge la doctrina en este punto, cosa que puede hacerla válida y legítimamente. Una Constitución puede o no consagrar los principios de la doctrina. La del Ecuador no lo hace en esta materia y dispone las cosas de manera diferente. No hay ningún artículo constitucional que establezca el desafuero para el juzgamiento del Presidente y Vicepresidente de la República. Por eso pudo el Presidente de la Corte Suprema de Justicia enjuiciar al entonces vicepresidente Dahik sin ningún trámite previo del Congreso.

Se pueden invocar los principios doctrinarios para aclarar las ambigüedades de un texto constitucional, pero no para contradecirlo. La doctrina no es una camisa de fuerza que impida a una Constitución disponer las cosas de un modo diferente. La doctrina sirve para echar luz sobre el alcance de una disposición constitucional, pero no para sustituirla y menos para impugnarla. En el Ecuador el desafuero está reservado exclusivamente para los legisladores, quienes “durante el desempeño de sus funciones gozarán de inmunidad parlamentaria, salvo en el caso de delito flagrante, que deberá ser calificado por el Congreso Nacional”, según lo dispone el Art. 84 de la Constitución. En consecuencia, el Presidente de la República puede ser procesado libremente por la autoridad de su fuero, que es el Presidente de la Corte Suprema de Justicia. Que esto sea inconveniente por el riesgo que entraña, es otro problema, cuya resolución está en reformar la Constitución e incorporar un texto similar al que existía en la de 1946, que mandaba que cuando en la conducta del Presidente hubiere responsabilidad penal “el Senado se limitará a declarar si ha lugar o no el juzgamiento; y en caso afirmativo, pondrá al acusado a disposición del respectivo Juez o Tribunal”.

He podido ver que con frecuencia se confunde el juicio político que se sustancia en el parlamento –institución copiada del impeachment de la constitución norteamericana–, destinado a juzgar la responsabilidad del Presidente por traición, cohecho o actos que afecten el honor nacional, con el juicio común destinado a hacer efectivas sus responsabilidades penales, civiles, mercantiles, laborales, de inquilinato o de cualquier otro orden. Hay que tener claro que en los regímenes republicanos los gobernantes tienen sobre sí dos clases de responsabilidades: unas que dimanan de su calidad de magistrado y otras de la de ciudadano, Las primeras son las responsabilidades políticas, que se hacen efectivas directamente por las cámaras legislativas, los tribunales de garantías y otros órganos estatales bajo cuya jurisdicción cae el juzgamiento de la conducta oficial de aquellos.  Y las segundas, denominadas responsabilidades comunes, que son exigibles por medio de los tribunales ordinarios. A veces un mismo acto puede entrañar ambos tipos de responsabilidad, por ejemplo: un asesinato ordenado por el Presidente y ejecutado con los instrumentos del poder y, en este caso, competería al Congreso juzgar la responsabilidad política del Presidente e imponerle la destitución del cargo y después entregarlo a la autoridad judicial para el juzgamiento de su responsabilidad penal.

En los sistemas republicanos los gobernantes no dejan de ser ciudadanos y de estar sometidos a las responsabilidades comunes a estos. Consecuentemente están obligados a responder por sus actos, como lo hacen todas las personas, de acuerdo con el principio de la igualdad ante la ley. Lo único que se les concede es un régimen procesal especial que atribuye el conocimiento y sustanciación de sus causas al tribunal de justicia de más alto grado, previa la autorización del Parlamento en caso de responsabilidades penales en donde la Constitución consagre este principio.

Sería absurdo pensar, como parecen sugerir ciertos juristas, que para cobrar una letra de cambio al Presidente, o exigirle el pago de una pensión de arrendamiento, o acusarlo de un delito (como ocurrió en Argentina y Perú) haya que acudir al Congreso. El congreso ecuatoriano carece de competencia para conocer estas acciones porque no están dentro de las tres causas de destitución previstas en la Constitución: traición, cohecho o deshonra nacional.

En la normativa constitucional ecuatoriana no existe precepto alguno que condicione enjuiciamiento penal del Presidente a la previa autorización del Congreso. Esto había en nuestras constituciones de 1946 y 1967 y hay en varias constituciones latinoamericanas, pero no en la que hoy rige los destinos del Ecuador.

(*)  Presidente del Ecuador en el período 1988-1992.

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EL UNIVERSO | Sábado 24 de agosto de 1991

ROSALÍA ARTEAGA*

La libertad de expresión

Se dice que la prensa, o los medios de comunicación colectiva en general, constituyen el primer poder del Estado, por la importancia que tiene para una comunidad el poder ver recogidas y reflejadas sus ideas, sus juicios de valor, su opinión en suma, a través de otros ciudadanos que ejercen la tarea de comunicadores, y que, desde luego conservando sus peculiaridades, su personalidad y especial forma de captar la realidad, de alguna manera expresan el sentir de la colectividad a la que se pertenecen.

Pero así como la prensa o quienes ejercen el periodismo detentan un poder innegable y cumplen un papel fundamental en las sociedades, no es menos cierto también que están expuestos a ser el blanco de ataques y a sufrir en primera instancia los embates que en ocasiones pretenden coartar la libertad de expresión, conquista de los pueblos que jamás puede conculcarse o acallarse.

Este breve preámbulo sirve para introducirnos en un tema que nos ha dejado sorprendidos y preocupados y que ha encontrado eco en todos los medios, se trata de la sentencia condenatoria, con la pena de prisión por dos años, al comentarista económico y político el Econ. Alberto Acosta, por opiniones sobre un tema que también concita, por polémico, la atención de la ciudadanía, el de las Financieras y su mecanismo de control.

No vamos a entrar en detalles que no vienen al caso, acerca de los comentarios sobre hechos públicos que han motivado primero el enjuiciamiento y luego la condena en primera instancia para el economista Acosta, sino el preocupante precedente que sienta esta condena, que no la creemos justificada y que indiscutiblemente violenta la libertad de expresión imperante en nuestro país y que puede considerarse uno de los más preciados bienes que tenemos.

Parecería que desde diferentes puntos de partida se quiere, en este final de siglo, hacer que empiecen a regir los fundamentalismos, que se corra el riesgo de caer en olas de fanatismo que a nada bueno pueden llevar y que van generando un clima de desazón, de enfrentamientos como los que está produciendo la llamada ley de libertad de educación para las familias ecuatorianas, que pone en peligro este ambiente de paz en cuanto a credos religiosos que han existido en el Ecuador durante el presente siglo, en el que ha funcionado bien la separación existente entre Estado e Iglesia, y no ha impedido ni el funcionamiento de los organismos del Estado, ni el mantenimiento de la religión preponderante en el país, así como la inserción de otros credos gracias al libre albedrío y capacidad de discernimiento de la gente de nuestro país.

El Ecuador ha sido ciertamente una nación en la que se han respetado las creencias, se ha dado paso a la libertad de pensamiento y expresión y ha presentado ejemplo de tolerancia, pese a todos los avatares de nuestra agitada vida política, no rompamos esta buena y saludable tradición con aspectos que provocan reacción y general descontento.

Desde esta columna queremos solidarizarnos con el economista Acosta y alertar al país sobre situaciones que no deben repetirse.

(*) El Congreso Nacional  la nombró, temporalmente, presidenta el 9 de febrero de 1997, tras el derrocamiento de Abdalá Bucaram. La ejerció hasta el 11 de febrero del mismo año.

(*) Alberto Acosta  fue absuelto en una instancia superior.

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EL UNIVERSO   | Jueves 28 de mayo de 1992

OSVALDO HURTADO *

La violencia verbal

Los diplomáticos y en general los extranjeros que viven o visitan el Ecuador se asombran de la virulencia que suele caracterizar el lenguaje de los políticos ecuatorianos.

No entienden cómo un pueblo de un talante pacífico y cordial, pueda tener líderes tan proclives a injuriar y calumniar a sus adversarios y a hacer del insulto el principal ingrediente de su discurso político.

Quien consagró este estilo fue José María Velasco Ibarra. Desde cuando inició su carrera política, en los lejanos años 30, hasta el ocaso de su vida pública e incluso durante sus frecuentes ejercicios de la presidencia de la república, la retórica y el insulto fueron las mejores armas de las que se valió para atacar a sus adversarios y defenderse de sus enemigos. Fue tan grande la influencia que ejerció la subyugante personalidad del caudillo, que aun sus detractores terminaron imitándolo, a veces con más fidelidad que sus mismos partidarios.

El uso de la violencia verbal en el debate público, como una práctica cotidiana e incluso como un ocasional exabrupto, es contrario a la democracia y a sus principios. En el respeto a la vida y a la integridad física de las personas no se resumen los derechos humanos. Los ciudadanos también tienen derecho a que se respete su honra y su dignidad personal, no existiendo justificación alguna para que se atente contra ellas mediante injurias calumniosas o no calumniosas.

El uso de un lenguaje vulgar también constituye un obstáculo para el buen funcionamiento de las instituciones democráticas. La contraposición de ideas, el inteligente debate de puntos de vista divergentes y la búsqueda de acuerdos  se practican diariamente en las democracias de Europa y Estados Unidos, y constituyen elementos indispensables para la resolución de los problemas nacionales. El hecho de que en nuestro país no sea posible llevar a cabo una política de consensos, entre otras razones, se debe a que la violencia verbal se ha adueñado de la vida pública. Al adversario, al opositor y a la autoridad a los que se les cubre de denuestos les resulta difícil dialogar con un grosero interlocutor.

La agresión verbal también constituye una forma de deshonestidad intelectual. El desacuerdo con la tesis de un adversario debe expresarse mediante la exposición razonada de argumentos que desvirtúen sus puntos de vista, cosa que lamentablemente no siempre se da en el Ecuador. Frecuentemente no se impugna la idea o la propuesta sino a quien la sustenta, al que se busca menoscabar atacándolo personalmente. Por ejemplo, cuando fui presidente sugerí la búsqueda de un consenso  para definir una posición única que nos permitiera encontrar una solución al problema territorial ecuatoriano-peruano. No fue intelectualmente honesta la respuesta que recibí de mi opositor, el ingeniero Febres-Cordero, cuando en lugar de discutirla fundamentadamente se limitó a descalificarla diciendo que yo había incurrido en un acto de traición a la patria.

A propósito de una agresión verbal que acabo de recibir del Presidente de la República me ha parecido pertinente –y ojalá útil– formular estas observaciones. En una entrevista que se me hizo en televisión al día siguiente de las elecciones, recogida por EL UNIVERSO, dije que el gobierno debía “reflexionar profundamente” sobre el éxito alcanzado por la derecha y el populismo, pues la abrumadora concentración del voto de los ciudadanos en aquellas tendencias políticas se debía a la negativa percepción que el pueblo tenía sobre los resultados económicos y sociales de la administración del doctor Borja.

Si el Presidente de la República estaba en desacuerdo con mi afirmación debió desvirtuarla razonadamente. Se supone que ese es el principal uso que debe darse a la inteligencia. Pero en su ánimo pesaron más las viejas prácticas de la política tradicional ecuatoriana, a las que antes me he referido, y respondió con un enconado exabrupto; uno más de los tantos en los que ha incurrido en casos análogos, en ocasiones sin ni siquiera mediar una discrepancia. Conducta inexplicable y censurable en quien tanto se ha empeñado, al parecer impropiamente, en presentarse ante el país como un político moderno e innovador.

En la última etapa de la reciente campaña electoral los candidatos presidenciales populistas, Abdalá Bucaram y Jaime Nebot, hicieron inusitados esfuerzos para comportarse decorosamente. Solo hay una explicación para un cambio tan sorprendente en sus habitualmente violentas y agresivas maneras. Advirtieron instintivamente que el pueblo ecuatoriano estaba cansado de los insultos y de las ofensas, en suma de la violencia verbal. Estos dos líderes políticos han sido educados por el pueblo antes de que, eventualmente, alcancen la alta y honrosa primera magistratura de la nación. Es una lástima que con otros no haya sucedido lo mismo.

(*) Fue elegido vicepresidente en binomio con Jaime Roldós. Tras la muerte de Roldós, asumió la presidencia, que ejerció entre  1981 y 1984.