El presidente de la República, Guillermo Lasso, este 6 de abril, se dio por notificado del juicio político en su contra tras conocer la providencia n.º 2021-2023-057, expedida por la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional con fecha 3 de abril de 2023.

La acusación presentada por los solicitantes del juicio político se centra, según el dictamen de admisibilidad de la Corte Constitucional en la página 37, “en que el presidente habría participado en una presunta distracción de fondos públicos en la ejecución de contratos celebrados por FLOPEC para el transporte de crudo. Esta actuación se habría producido a través de terceros quienes incidían en la contratación entre FLOPEC y Amazonas Tanker Pool, y donde incluso habría una posible vinculación de Danilo Carrera Drouet, cuñado del presidente de la República”.

El presidente de la Comisión, Fernando Villavicencio, dispuso a secretaría de la mesa que este 6 de abril en la tarde se notifique a los cuatro asambleístas solicitantes del juicio: Viviana Veloz (UNES), Pedro Zapata (PSC), Mireya Pazmiño (separada de Pachakutik) y Rodrigo Fajardo (separado de la ID).

Ocho días lleva en la Asamblea Nacional la solicitud de juicio político contra el presidente Guillermo Lasso y aún no llega a Carondelet

Con ello, dijo Villavicencio, el plazo de diez días para que el primer mandatario ejerza su derecho a la defensa y presente su contestación a las acusaciones políticas realizadas, así como toda la prueba que considere necesaria para su descargo, empieza a correr desde este 7 de abril.

Pedidos

En un documento remitido por el presidente de la República, Guillermo Lasso, y dirigido al presidente de la Comisión, Fernando Villavicencio, al darse por notificado del juicio, solicita que se siente razón en el proceso y, al tiempo, se certifique si los asambleístas solicitantes del juicio político determinaron los hechos correspondientes al tercer cargo de la acusación que la Corte Constitucional fijó como materia de este juicio; y, si dieron o no cumplimiento a la especificación de las fojas del expediente que corresponden a la prueba anunciada.

El mandatario argumenta que estos pedidos están relacionados con el ejercicio de su derecho a la defensa consagrados en el artículo 76.7 literales a), b), c) y h) de la Constitución. Estos “me permitirán conocer la determinación de los hechos específicos y pruebas del expediente que sustenten la acusación, antes de la presentación de mis descargos”, agrega.

También solicita que mediante providencia se señale el inicio del plazo de prueba de diez días de que trata el artículo 90 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, para lo cual la Comisión emitirá la correspondiente orden procesal.

Autoriza al doctor Édgar Neira Orellana para que en su nombre intervenga en el trámite de este procedimiento ante la Comisión, presente escritos, solicite la práctica de pruebas, impugne pruebas, interrogue o contrainterrogue testigos, participe en audiencias y ejerza la “defensa con las más amplias facultades correspondientes a las de un procurador, sin que requiera de ratificación posterior”.

En el escrito, el primer mandatario indica el casillero en que recibirá las notificaciones y además señala la dirección de correo electrónico. (I)