El texto final sobre el proyecto de ley que garantiza la interrupción voluntaria del embarazo para niñas, adolescentes y mujeres en caso de violación está en construcción, pero se anuncian cambios respecto a la temporalidad. Hasta el viernes, la Comisión de Justicia espera entregar el informe para conocimiento del pleno.

La Asamblea Nacional discute desde agosto de 2021 el proyecto que garantiza la interrupción del embarazo por violación, que inicialmente fue presentado por la Defensoría del Pueblo tras la sentencia de la Corte Constitucional que despenalizó en el Ecuador el aborto por violación y ordenó a la legislatura aprobar una norma que garantice el acceso.

El pasado 3 de febrero, el pleno del Parlamento cerró el segundo y definitivo debate del proyecto, y la legisladora ponente del informe, Johanna Moreira (ID), pidió ocho días de plazo para presentar el informe para la votación en el que se recojan los cambios propuestos por los asambleístas en el pleno.

Publicidad

¿Es necesaria una ley que regule el aborto en casos de violación?

La temporalidad es el principal nudo crítico de este proyecto ley, donde los legisladores hablan de 22, 20, 16, 12 y 6 semanas de gestación como el plazo máximo en que se pueda practicar un aborto en caso de violación. La discusión del proyecto partió del planteamiento del informe de mayoría que establecía 22 semanas de gestación para niñas menores de 18 años y hasta de 20 semanas de gestación para mujeres mayores de edad, pero no encontró el respaldo político suficiente.

Nuevos plazos

La legisladora ponente, Johanna Moreira, al momento sistematiza las observaciones presentadas en el segundo debate, pero adelanta que el tema de la temporalidad cambiará, aunque no revela el número de semanas que quedarán como plazo máximo para interrumpir el embarazo.

Según Moreira, aún hay asambleístas indecisos frente a lo planteado en el informe de mayoría, por lo que solicitó a todos los jefes de bancada y a algunos miembros de la mesa legislativa para que recojan las observaciones de todos para valorar su inclusión.

Publicidad

Hasta el miércoles 9 de febrero, espera tener la matriz del texto con todas las observaciones y luego someter a votación en la mesa de Justicia, y posteriormente entregar a la presidencia de legislatura para que se incluya en la agenda del pleno.

Los cambios que anuncia la asambleísta Moreira se centrarán en la forma de segmentar a las víctimas de violación.

Publicidad

Habrá un segmento de niñas y adolescentes menores de 14 años de edad, mujeres de la ruralidad, de pueblos y nacionalidades y discapacidad, a fin de incorporar en un solo grupo a aquellas personas que tienen más vulnerabilidad.

En otro grupo estarían las adolescentes mayores de 14 años de edad y mujeres mayores a los 18 años de edad. La legisladora por ahora prefiere no hablar de las semanas de gestación.

También se pretende aclarar y mejorar la redacción respecto a los textos sobre consentimiento informado para que se entienda que una menor de edad cuando acuda a un centro de salud para realizarse una interrupción tendrá un acompañamiento institucional con equipos de médicos, trabajadores sociales, psicólogos y delegados de la Defensoría del Pueblo.

En el consentimiento informado deberá mencionarse sobre el procedimiento que se realizará y no en un tema intimidatorio, e incluso conocer si está siendo obligada a hacerse el procedimiento, asegura la representante de la ID en la provincia de El Oro.

Publicidad

Respecto a la denuncia, como requisito para la interrupción, Moreira manifestó que no habría cambios, sino que se mejoraría la redacción porque la denuncia constituye una forma de victimizar.

No hay votos

Ricardo Vanegas, legislador de Pachakutik, aseguró que el informe de mayoría que plantea un plazo de 22 semanas de gestación para la interrupción del embarazo no tiene los votos, y que tampoco como proponente del informe de minoría que sugiere hasta 12 semanas de gestación para interrumpir el embarazo va a cambiar.

Dijo que se mantendrá en su informe, al igual que otros tres legisladores que integran la mesa de Justicia, y señaló que en el otro sector que sostiene el informe de mayoría hay asambleístas que esperan apoyos para que el plazo para practicarse un aborto por violación se ubique entre 16 y 18 semanas de gestación.

Según Vanegas, se sabe que los proponentes del informe de mayoría pretenden entrar en una especie de “regateo” del plazo para la interrupción del embarazo por violación con el único propósito de encontrar votos, y no necesariamente basados en criterios técnicos y científicos.

Manifestó que la mayoría de la Asamblea considera que si el texto final no le satisface negarán el texto, y después de ello se pedirá que se considere el informe de minoría.

El presidente de la comisión de Justicia, Alejandro Jaramillo (ID), indicó que se busca con base en consensos llegar a aprobar un proyecto de ley con un texto que sea reparador. “Eso no significa que vayamos a sacrificar a niñas, adolescentes y mujeres”.

Dijo que el plazo incluido en el informe de mayoría de las 22 semanas de gestación para niñas y adolescentes menores de 18 años de edad no está escrito en piedra. “Será a través de los diálogos que se consensúe un texto equilibrado que recoja todas las observaciones para llegar a establecer una temporalidad que pueda estar acorde a la realidad del país”, subrayó. (I)